El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
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Por: José Morón / Color visión
En su más reciente golpe contra la corrupción, la Procuraduría General de la República apresa a 5 ciudadanos vinculados con el ex presidente Danilo Medina. La denominada operación coral, incluyó operativos en 4 provincias y la capital; donde se ocuparon bienes millonarios y se apreso al ex jefe del cuerpo de ayudantes de Medina, el general Adán Cáceres Silvestre.
De los 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, y en las provincias de Santo Domingo, San Pedro, Monte Plata y Samaná; el más llamativo fue el de Santo Domingo Oeste, específicamente en la Urbanización Colinas del Oeste, donde reside el ex jefe de seguridad de Medina, el general Cáceres. Allí fueron encontradas 4 casas de lujo, donde el costo del solar se aproxima a los 160 millones de pesos, mientras que la construcción de las viviendas tiene un valor que asciende a 1 millón de dólares.
La investigación por actos de corrupción derivo en una solicitud de medida de coerción, donde se especifica que Cáceres, entre 2012 y 2020 administro más de 3 mil millones de pesos, lo cual está siendo investigado por el Ministerio Público. El documento vincula a Rossy Guzmán Sánchez como administradora de bienes inmuebles de Cáceres, a través de una empresa donde Guzmán y su hijo son los únicos accionistas. Asimismo, dentro del supuesto entramado, se acusa a Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez como testaferros y prestanombres de Cáceres.
Ingresos de los imputados.
En la declaración jurada de patrimonio de Agosto de 2020, Cáceres declaro una residencia adquirida en 2011 por 8.9 millones de pesos, un apartamento en 2014 por 10.3 millones, un solar en 2009 por 1.6 millones y 2 jeepetas en 2005 y 2006 con un valor de 1 millón de pesos y 700mil pesos respectivamente. Entre 3 cuentas bancarias y un depósito de plazo fijo contabilizaba 2.4 millones.
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Por su parte, Rossy Guzmán, según el ministerio público, reflejo un aumento exorbitante e injustificado en su patrimonio, supuestamente a través de la administración de bienes muebles e inmuebles que pertenecen a Cáceres; lo cual pudiera sugerir la ejecución de actos de corrupción.
En el caso de Núñez de Aza, este fue solicitado para un interrogatorio, sin embargo, el proceso quedo inconcluso por su apresamiento. Respecto a Flete Guzmán, nunca había sido objeto de investigación por la justicia hasta ahora.
Imputaciones para los apresados.
Al grupo de apresados, el ministerio público le imputa los delitos de: asociación de malhechores, estafa contra el estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego. El ministerio público solicitara prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo al depositar la solicitud de medida de coerción contra Cáceres y Rossy Guzmán, además de los otros 3 acusados.
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