El Informe con Alicia Ortega. Transmitido por Color visión en vivo
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Por: Luz Colmenares / Color visión
La comisión presidencial de apoyo al desarrollo provincial sigue dando de qué hablar. Y es que, tras el aumento de la nómina de la comisión, el incremento de gasto público en un 1200% y el pago de empleados que están cobrando sin trabajar; se ha desatado una ola de opiniones acerca de la gestión pública del gobierno de Abinader y su gabinete.
Al respecto, Sonia Díaz, coordinadora general de participación ciudadana, cataloga como inaceptable la situación actual con la citada comisión. Asevera que era responsabilidad de sus autoridades, mostrar el plan de desarrollo provincial y esperar hasta la ejecución del mismo para la designación del personal. Asimismo, califica como anómalas e irregulares las acciones tomadas por la comisión y exige una intervención de la administración pública.
Respuesta de Angel de la Cruz Hernández
A través de una carta remitida a El Informe, Ángel de la Cruz Hernández, presidente de la comisión, expreso que actualmente la institución experimenta un proceso de formalización del personal, pues la mayoría de los empleados que forman parte de la nueva plantilla contratada, se integraron a las acciones sociales desplegadas por el gobierno en diciembre. Añade que, próximamente se iniciará un amplio programa de inducción para los nuevos contratados; y concluido el proceso, se dará inicio al programa de desarrollo territorial y participación social. Este último, posibilitara transferir a las gobernaciones el 50% de los empleados que actualmente están en la nómina de la comisión.
Posición del gobierno de Luis Abinader.
Por su parte, Milagros Germán, portavoz de la presidencia, expresa que se trata de una investigación en curso; por lo cual, es necesario esperar los avances de la misma para hacer un comunicado detallado de la situación que se está denunciando.
De la misma manera, Milagros Ortiz Bosch, directora general de ética e integridad gubernamental, menciona que dicha institución está trabajando de manera directa con el Ministerio de Administración Publica, por tanto, es necesaria la participación activa de este ministerio para la reorganización y evaluación de la comisión.
Descontento
Otro aspecto que ha causado revuelo es monto de pago de las dos categorías que dominan la nómina: Supervisor, Supervisor A; los cuales devengan un salario de 50,000 pesos. Este monto es mayor que el percibido por un docente perteneciente al magisterio. Además de ello, la falta de educación formal, el pago sin trabajar y el dominio de la provincia de San Cristóbal dentro de la nómina, son asuntos que generan suspicacias.
Nomina Sospechosa – El Informe con Alicia Ortega
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