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domingo 05 diciembre 2021

¿Multimillonaria desviación? | El Informe con Alicia Ortega

El Informe. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

A través de la Operación Coral 5G, tres generales, cuatro coroneles, dos teniente coronel un mayor, una primer teniente, una gerente bancaria y hasta el propietario de una estación de combustible, figuran entre los nuevos imputados en el entramado de corrupción administrativa desmantelado por las autoridades.

Acerca del caso

El Distrito Nacional, la provincial Santo Domingo, Santiago y la Vega, fueron testigos de 13 arrestos y 49 allanamientos simultáneos que son el resultado del caso, que según las autoridades, movió unos 4500 millones de pesos.

Las operaciones fraudulentas que sustrajeron cuantiosas sumas de las arcas del estado, eran perpetradas por militares de todas las instituciones castrenses y también de la policía. Según la acusación realizada por el Ministerio Público, con la ayuda de la gerente bancaria evitaban los controles de sistema, y evadían los reportes de transacciones sospechosas.

Acerca del caso, el Ministerio Público sostiene que se trata de un caso blindado, y que cuentan con 700 pruebas incriminatorias, incluyendo documentos, títulos de propiedad y bienes inmuebles.

Siete empresas fueron usadas para realizar contrataciones ficticias en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), entre ellas: Distribuidora Talf, Distribuidora KF, Rawel Importadores, Optimus, SOS Carretera, Meljo Comercial y S.S.A Corporation. Según plantea la solicitud de medida de coerción, estas 7 empresas fueron el vehículo para suplir combustibles, materiales y servicios que nunca fueron entregados. Sin embargo, con los pagos de los mismos, supuestamente se realizó la adquisición de las propiedades de los miembros de la red criminal.

La alegada sustracción de fondos millonarios del Estado a manos de estas empresas, que reportaban a la Tesorería Nacional nóminas mensuales de entre 1,382 y 2,280 pesos, sobrepasa los 537.4 millones de pesos, entre las contrataciones ficticias al CESTUR y CUSEP, con el financiero de ambas instituciones, Rafael Núñez de Aza a la cabeza y con la autorización de los coimputados el General Juan Carlos Torres Robiou y mayor General Adán Cáceres Silvestre.

Los generales

El ex director del CESTUR, Juan Carlos Torres Robiou es acusado por utilizar fondos de esta organización para pagos personales, el mantenimiento de su apartamento, pago de hipoteca, compra de zapatos y accesorios de marca, y el pago de la matrícula de sus hijos.

También, el general Julio Camilo De los Santos Viola, siendo el relevo del mayor general Adán Cáceres como escolta del ex presidente Danilo Medina, es acusado de librar cheques por 738.2 millones de pesos por concepto de pago de gastos de operaciones de inteligencia. Dicho dinero, según los fiscales fue utilizado de forma discrecional por los miembros del entramado, y el imputado De los Santos Viola aumentó con dichos fondos públicos sus patrimonios personales.

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Por su parte, el general de brigada del ejército Boanerges Reyes Batista, quien se desempeñó como subjefe del cuerpo de ayudantes entre 2012 y 2014, y quien fungió como director general del cuerpo especializado de seguridad del  metro (CESMET) es acusado de la adquisición de terrenos lujosos usando el mismo modus operandi de Torres Robiou, Cáceres Silvestre y Mata Flores. Además de ello, en la acusación del ministerio público, Reyes Batista supuestamente manejo sumas millonarias que superan los 59 millones de pesos a través de cheques con fondos de la cuenta del Cuerpo de Ayudantes Militares.

Otros colaboradores

El capitán de navío de la Armada Dominicana, Franklin Antonio Mata Flores, cuyo rango equivale al de coronel, es otro de los arrestados e imputados en el caso. Mata Flores se desempeñó como miembro de la avanzada en el CUSEP desde 2010 y 2016, luego pasó a ser director de Dragas, Presas y Balizamiento hasta el año pasado. A Mata Flores se le imputa beneficiarse considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado en perjuicio del Estado; aumentando considerablemente su patrimonio en el tiempo que ejerció las funciones anteriormente descritas.

El coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, también de la Fuerza Aérea, tenía el sobrenombre de “El ayudante”. Al Cestur llegó en agosto de 2014. Según el Ministerio Público manejó más de 304.9 millones por concepto de fondos destinados a las raciones alimenticias en el Cestur, los cuales fueron distraídos en provecho de la estructura criminal de corrupción”.

Otro Coronel de la Fuerza Aérea, esta vez piloto, es Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, alias Recursos Humanos, precisamente ese departamento dirigió en el Cestur desde el 2014 y hasta el 9 de junio de este año. Su función era “mantener la estructura de corrupción que operaba con las nóminas” de esa institución.

También de la Fuerza Aérea es el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, señalado por el Ministerio Público como mano derecha de Adán Cáceres, teniendo bajo su responsabilidad la administración de varias fincas y granjas que son propiedad de Cáceres.

Otro teniente coronel, esta vez del Ejército, es Kelman Santana Martínez, quien llegó al CUSEP en agosto de 2012, siendo considerado la persona de mayor confianza de Adán Cáceres.

El mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, también ingresó al CUSEP en 2012, como encargado de Tesorería. Este es señalado como parte esencial de la estructura de corrupción como mano derecha de Rafael Núñez de Aza”.

La primer teniente de la Policía Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, figura, de acuerdo con la investigación, con tres propiedades a su nombre que las autoridades dicen realmente pertenecen a Núñez de Aza.

 Curso de la Operación Coral 5G

 La audiencia de solicitud de medida de coerción, programada para éste domingo, fue aplazada para el próximo jueves. Aunque aún no se decide si será televisada o no, algunos abogados han manifestado que solicitaron al tribunal que sea conocida de manera pública, pues aseguran que sus defendidos tienen como demostrar su inocencia.


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