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Con tan solo 28 años, un estilo formal y comedido, Omar Fernández, hijo del ex presidente Leonel Fernández; es uno de los diputados más jóvenes en la cámara de Republica dominicana.
El político actualmente es miembro de la comisión permanente de justicia y trabaja en áreas importantes como el código penal, el código civil, el código de procedimiento civil, entre otros; así como también participa en la comisión permanente de industria y comercio. Sobre esta experiencia como diputado, expresa que ha sido una etapa gratificante pues le ha permitido relacionarse con personas desde todas las tendencias políticas.
Omar Fernández fue formado como abogado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) obteniendo su título de licenciado en el año 2013. Luego de ello, realiza una maestría en la Universidad de Boston en el área de derecho en negocios internacionales. Y actualmente ejerce su profesión como abogado a la par de sus responsabilidades como diputado en la cámara de la república.
El político y abogado develó que uno de sus primeros proyectos dentro de la cámara, está orientado a regular los procesos de transición gubernamental. Siendo esta una instancia de ley donde se establezcan los parámetros de rendición de cuentas de los incumbentes salientes de una institución pública, para facilitar la continuidad de estado y el funcionamiento transparente de las instituciones. Además de ello, el proyecto busca el intercambio efectivo de información valiosa con el incúmbete entrante acerca del estado actual de la institución que dirigirá. Este proyecto nace a consecuencia de un proceso de investigación donde pudo constatarse que, en República dominicana, a diferencia de Estados Unidos, Canadá y Argentina, no existe leyes que ejerzan presión al empleado público para la rendición de cuentas.
En palabras de Fernández, esta regulación posibilitará mayor institucionalidad y transparencia en las instituciones públicas. Lo que se traduce en tranquilidad para el pueblo y certidumbre para los políticos de que los procesos se ejecutan de manera diáfana. Añade que, el proyecto establece un plazo y las especificaciones de entrega de información entre el incumbente saliente y el entrante. Esta medida evitaría inconvenientes en los procesos internos de las instituciones, y ante su incumplimiento, deberá acarrear sanciones administrativas y penales.
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