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El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el martes a Walmart por su papel en la denominada crisis de los opiáceos, alegando que el gigante minorista surtió recetas incorrectamente y contribuyó a empeorar un desastre de salud pública.
El gobierno acusa a Walmart de manejo irresponsable de pedidos, llenando miles de recetas «inválidas».
Según las autoridades, las irregularidades podrían desembocar en sanciones y multas que «podrían ascender a miles de millones de dólares», en el litigio que siguió a una investigación de varios años, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.
«Como una de las cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más grandes del país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opiáceos recetados», dijo Jeffrey Bossert Clark, director interino de la división civil de Justicia.
Las autoridades consideran que Walmart tenía «una posición única para prevenir el desvío ilegal de opiáceos» como agente minorista y también distribuidor mayorista de medicamentos.
Despacho de recetas no válidas
«En cambio, durante años hizo lo contrario: despachó miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó sobre pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos colocados por esas farmacias».
«Este comportamiento ilegal ha contribuido a la epidemia de abuso de opiáceos en Estados Unidos», indicó.
Pero los gerentes de Walmart presionaron enormemente a los farmacéuticos para que surtieran recetas, mientras que su unidad de cumplimiento con la normativa vigente recopilaba datos sobre recetas de sustancias controladas no válidas. Sin embargo, según la denuncia oficial, ocultó esa información a los farmacéuticos.
La adicción a los opiáceos mató a unas 450.000 personas en Estados Unidos entre 1999 y 2018, según las últimas estimaciones de los Centros para la Prevención de Enfermedades (CDC).
Su consumo se disparó a partir de 2013, lo que llevó al presidente Donald Trump a declarar una «emergencia de salud pública» en 2017.
Esta crisis incluso fue considerada responsable de la caída de la esperanza de vida en Estados Unidos entre 2014 y 2017.
Impulsada por el marketing agresivo de las compañías farmacéuticas, especialmente para los médicos, la prescripción de analgésicos opioides, hasta entonces reservados para enfermedades graves, explotó a fines de la década de 1990.
Walmart versus el gobierno
Walmart no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre estas acusaciones.
El anuncio de la justicia se produce dos meses después de que Walmart presentó una demanda en la corte de Texas contra el Departamento de Justicia.
El grupo luego afirmó ser víctima de un intento injusto por parte del gobierno de culparlo por el uso excesivo de drogas opiáceas ultraadictivas.
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Walmart, que tiene unas 5.000 tiendas en Estados Unidos estimó que al criticar a sus farmacéuticos por no haberse negado a suministrar los opiáceos recetados por los médicos, el Departamento de Justicia y la agencia de lucha contra los narcóticos de Estados Unidos, la DEA, colocan a los trabajadores «en una posición insostenible».
Los farmacéuticos «deben tomar una decisión difícil» entre aceptar el criterio médico de un profesional y despachar la receta de opiáceos, o cuestionar el criterio profesional y negarse a entregarlo, alegó el grupo.
Walmart acusa a la DEA de buscar desligarse de sus «profundos errores» en el manejo de esta crisis. Las auditorías de hecho han concluido que la agencia federal no había impedido, como debió, que los laboratorios produjeran cantidades cada vez más importante de estos fármacos ni, en el 70% de los casos, retirar su licencia a los médicos cuyas prescripciones fueran cuestionadas.
Según la denuncia, el Departamento y la DEA han estado siguiendo a Walmart, gastando considerables sumas de dinero durante varios años en una investigación que, al no dar lugar a un proceso penal, ahora tendría como objetivo extraerle importantes daños civiles.
El grupo pidió al tribunal de Texas que dejara claro que el grupo y sus farmacéuticos no tenían las responsabilidades legales que el gobierno y la DEA querían asignarle. Por ahora, esta denuncia no ha prosperado.
© Agence France-Presse / Color Visión
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