Patricia Chirinos / Por Noticias SIN
Santo Domingo.- Oficiales de menor rango se beneficiaron de sumas millonarias del entramado de corrupción que orquestaron generales de los cuerpos castrenses.
Según reveló Pepca en el caso Coral 5G los militares adquirieron inmuebles a precios de vaca muerta, con dinero del erario público.
El Capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores es otro de los oficiales imputados en la segunda versión del caso Coral.
Según detalla la PEPCA se desempeñó como encargado de avanzada en el Cuerpo de Seguridad Presidencial desde el 2010 hasta el 2016, coincidiendo con los primeros cuatro años de la gestión del coimputado Adán Cáceres.
En el 2014, el imputado pasa a ocupar, en adición, la función de Director General del Dragas, Presas y Balizamiento, hasta octubre del 2020. Durante su función recibió un total de ocho millones ciento diez y seis mil quinientos noventa y ocho pesos (DOP$8,116,598.00)
El imputado Mata Flores, se benefició considerablemente de los hechos de corrupción cometidos por el entramado, según detalla el MP, adquirió de terrenos y construyó una lujosa mansión en el residencial Colinas del Oeste, utilizando detalla la Pepca el mismo modus operandi de los coimputados Juan Carlos Torres Robiou, Adán Cáceres y Boanerges Reyes Batista.
En el allanamiento realizado en la oficina de la Pastora Rossy Guzmán fue ocupado Un contrato de Compra-venta de inmueble entre Único Real State e Inversiones, SRL, por más de RD$27,626,298.87.
A través de dicho documento, el imputado Mata Flores y Boanerges Reyes Batista, buscaban supuestamente simular el traspaso del inmueble en Colinas del Oeste, con una supuesta compra a la empresa del entramado Único Real State E Inversiones SRL.
Constituyendo esta la etapa última del lavado de activo, la cual no fue posible completar por oposición inscrita a los inmuebles por parte del Ministerio Público.
El inmueble fue tasado en abril de este año, cerca de dos millones de dólares, (US$1,171,386.48), que, convertido a la tasa del momento equivale a unos (DOP$67,589,000.00)
De igual forma, el imputado indica el MP aumentó considerablemente su patrimonio y adquirió dos inmuebles 2,281.86 m2, ubicados en el Complejo Villa Vacacional La Isabela. Según lo registrado en la Dirección General de Impuestos Internos, dichas propiedades poseen un valor de unos 35 millones de pesos.
Así mismo el CEA emitió una certificación de que el imputado al igual que el general Boanerges Batista adquiró en Cumayasa (zona de Playa) en el Proyecto Mar Azul II un solar con una extensión territorial de 3,553.80 metros cuadrados, el cual adquirió al precio de 200 pesos el metro. De igual forma en la solicitud de medida de coerción se plasman al menos 85 depósitos que recibió Mata Flores desde el CESTUR.
En cuanto al imputado Coronel Paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz FARD estuvo adscrito CESTUR desde el 2014 el 2021, durante ese periodo, el imputado manejó un total de trescientos cuatro millones novecientos sesenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos (DOP$304,961,595.00) por conceptos de fondos destinados a las raciones alimenticias, los cuales según la Fiscalía fueron distraídos en provecho de la estructura criminal de corrupción.
En tanto el Coronel Piloto de la FARD Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, en la gestión de Juan Carlos Torres Robiuio en el CESTUR fue designado Encargado del Departamento de Recursos Humanos lugar clave narra la PEPCA que le permitiría al entramado mantener la estructura de corrupción que operaba con las nóminas del CESTUR y lo que le permitió adquirir inmuebles y vehículos que no podría justificar.
Como parte de la estructura, el imputado Guzmán Alcántara se detalla en el expediente recibía sus beneficios en efectivo con la intención de no dejar rastro de lo percibido producto de los actos corrupción, no obstante, en determinadas ocasiones llegó a recibir depósitos de miembros del entramado, específicamente de los que trabajaban con las nóminas.
Asegura la PEPCA el ayudante aumentó considerablemente su patrimonio, adquiriendo propiedades que no podría justificar
Otro de los involucrados en la Investigación Coral 5 G es el Teniente Coronel Erasmo Roger Pérez Núñez adscritoal CUSEP. Pérez Núñez indica la Fiscalía es uno de los hombres de confianza y brazos operativos del imputado Adán Cáceres teniendo bajo su responsabilidad, la administración de varias fincas y granjas de este que se encuentran en La Vega y en Monte Plata.
Las fincas que producen berenjena, cebollas, ajíes, entre otros vegetales según el MP fueron compradas por Adán Cáceres utilizando al imputado Erasmo Roger Pérez Núñez, por un precio de catorce millones cuatrocientos mil pesos (DOP$14,400,000.00), que fueron pagados en efectivo en un saco.
Los vendedores del terreno narraron al MP que:
“…nos sentamos dentro del banco donde comenzaron los tramites, eso parece que fue planificado con el gerente del Banco pues nunca nos preguntaron de donde sacamos, a pesar de que era mucha cantidad, luego nos dijeron que firmáramos y que esa finca era de ellos.”
Así mismo otro de los detenidos es el Teniente coronel Kelman Santana Martínez, ERD, Y quien ocupó la función de subdirector administrativo y asistente personal del jefe del CUSEP, siendo considerada la persona de máxima confianza del coimputado Adán Cáceres.
Santana Martínez, recibió en supuestos incentivos, por parte del CESTUR, cerca de un millón de pesos en el periodo comprendido entre el año 2013 y el año 2021, sin embargo, no aparecía registrado en el departamento de Recursos Humanos, como empleado de dicha institución.
La principal función del imputado según la Fiscalía era la de administrar para Adán Cáceres y la pastora Rossy Guzmán la empresa utilizada para lavar gran parte del dinero del entramado, la Asociación Campesina Madre, y Santana Martínez se encargaba de las ventas que hacía dicha empresa, para posteriormente mezclar el dinero de las mismas con lo sustraído de los actos de corrupción., en la cuenta de la Asociación se depositó más de nueve millones de pesos.
Otras de las acusaciones que realiza el órgano persecutor es que para el imputado adquirió un terreno de 685,308.49 metros cuadrados, , el Batey la Guinea, San Pedro de Macorís la venta fue realizada a RD$10.00 pesos el metro.
El mismo fue adquirido luego del decreto presidencial núm. 268-16 que prohíbe las operaciones inmobiliarias del CEA, lo que deja en evidencia indica la PEPCA una irregularidad en la compra. En dicha propiedad existe una millonaria granja de cerdo, otros animales y productos agrícolas, la cual no podría justificar con los ingresos legales.
El Mayor José Manuel Rosario Pirón P.N. es otro de los imputados, es considerado parte esencial de la estructura de corrupción, identificado como la mano derecha del director financiero de CESTUR y CUSEP, indica el MP realizó 10 depósitos por valor de diecisiete millones novecientos cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos con diecisiete centavos (DOP$17,904,476.17) a empresas y asociaciones que su único objetivo es lavar dinero producto de la corrupción.
