Patricia Chirinos / Color Visión
SANTO DOMINGO.- Francisco Pagán, imputado en el caso Antipulpo y exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), admitió que es responsable de adquirir bienes y dinero que no eran de su pertenencia, los cuales devolvió al Estado, según el Ministerio Público.
En el expediente que presenta la acusación formal de los implicados en el supuesto entramado de corrupción, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que entre las devoluciones hechas por Pagán está incluida la suma de RD$10,000,000.00.
El exfuncionario también afirmó ante la Pepca que su situación financiera era difícil tras unas inversiones fallidas que había realizado y las cuales lo habían llevado a la quiebra, esto al ser cuestionado sobre la adquisición de un apartamento en la Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, La Esperilla.
“Por esa razón, para la adquisición del referido apartamento 6B, ubicado en la Torre Alco Paradisso, recibió de parte de un funcionario público, por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), que le fueron entregados en una funda negra”, explica el documento.
El órgano persecutor de la corrupción agregó que tras la declaración de Pagán y “mediante acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, hace la devolución de los diez millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00), a través de cinco cheques de administración, los números 159435 (DOP$4,000,000.00) y 159437 (DOP$1,827,000.00) de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos; y los números 5140962 (DOP$2,000,000.00), 5123244 (DOP$800,000.00) y 5123246 (DOP$1,373,000.00) del Banco Popular Dominicano”.
El exfuncionario adquirió al Banco de Reservas y por un monto de RD$5,948,250.00 una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela no. 5, del Distrito Catastral no. 2, municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, la cual tiene una extensión superficial de 3,399 tareas, con sus mejoras, según indica el ministerio Público.
“Sobre la referida porción de terreno ubicada en Tamayo, Bahoruco, el acusado Francisco Pagán reconoce al Ministerio Público que esta es parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones típicas señaladas por el Ministerio Público, porque mediante el acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, hace entrega voluntaria para fines de decomiso a favor del Estado dominicano”, establece el expediente redactado por la Pepca.
De acuerdo con el documento, el exfuncionario admitió que obtuvo propiedades inmuebles, los cuales no hizo el debido traspaso a su nombre, como la adquisición de una planta de materiales de construcción, ubicada en Azua, propiedad de la empresa DIPRECALT C. x A., “de la cual el señor Bolívar Ventura es el socio, gerente y beneficiario final”.
“Al ser interrogado por el Ministerio Público en presencia de su abogado, el señor Bolívar Ventura estableció que negoció la venta de la referida planta con el acusado Francisco Pagán por la suma de RD$35,000,000.00. Posteriormente, el 26 de febrero del año 2020, el acusado Francisco Pagán, a través del investigado José Luis González, remitió la suma de 25 millones de pesos para la compra de la referida planta, quedándole pendiente la suma de 10 millones de pesos”, relata la acusación formal del caso.
En torno a este caso, la Pepca agregó que: “el 8 de septiembre del año 2021, el señor Bolívar Ventura realizó una entrega voluntaria al Ministerio Público del cheque del Banco de Reservas no. 009621, de la cuenta de la empresa DIPRECALT no. 300100264, librado a nombre de la Procuraduría General de la República, por un monto de RD$25,000,000.00, estableciendo que fue el dinero que recibió de parte del acusado Francisco Pagán para la compra de la referida planta, el cual devuelve íntegramente”.
