BRASIL.- La Corte Suprema de Brasil comenzará a juzgar este jueves tres acciones que exigen liberar a los presos condenados sólo en segunda instancia y pudieran sacar de la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros 190.000 reclusos.
El juicio, que deberá prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.
Las tres demandas esgrimen el artículo 5 de la Constitución, según el cual “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado”, lo que significa que la condena solo es firme cuando concluye todo el proceso de apelaciones, que la ley brasileña permite llevar ante tres tribunales superiores tras la condena en primera instancia.
Sin embargo, una jurisprudencia adoptada en 2016 por la Corte Suprema, ratificada en 2018 en una ajustada votación que acabó 6-5, permite que una sentencia empiece a ejecutarse una vez ratificada en segunda instancia.
Esa decisión se justificó en su momento en el hecho de que en los dos procesos de apelaciones que restan a partir de esa fase no se juzga ya el mérito de la acusación, sino solamente asuntos formales que difícilmente modificarían la sentencia.
En el caso de Lula, en prisión desde abril de 2018 y condenado a ocho años y diez meses por corrupción, la pena ya fue ratificada en tercera instancia, pero la ley aún le reserva una última apelación ante el Supremo, que todavía no ha decidido sobre el asunto.
Según cálculos del Consejo Nacional de Justicia, en una situación similar y con posibilidades de apelar a tribunales superiores están unos 190.000 de los casi 800.000 presidiarios que hay en el país, que pudieran beneficiarse de un cambio en la jurisprudencia adoptada en 2016.
El presidente del Supremo, José Antonio Dias Toffoli, adelantó ya su intención de proponer una alteración, la cual permitiría que una persona vaya a prisión sólo tras la condena en tercera instancia.
Si esa tesis convence a la mayoría de los otros diez miembros del tribunal, Lula seguiría en prisión y debería esperar a que la propia Corte Suprema juzgue su última apelación.
No obstante, en el tribunal hay quien sostiene que el artículo 5 de la Constitución es muy claro y que nadie puede ir a la cárcel si realmente no fueron negadas todas las apelaciones posibles y se está frente a lo que el Derecho define como “cosa juzgada”.
Marco Aurelio Mello, uno de los once miembros de la corte, está entre quienes defienden ese argumento y ya causó un enorme revuelo a fines del año pasado, cuando dictó una cautelar en ese sentido, la cual fue anulada casi de inmediato por el propio tribunal.
En aquella decisión, el magistrado subrayó el contenido de ese artículo de la Constitución y consideró como única excepción el caso de quienes están en prisión preventiva, regulada por otras normas y dictada cuando es necesario dar “garantías para el orden público, económico o conveniencia” del proceso judicial.
Sin embargo, la cautelar que le podría haber valido la libertad a Lula y a decenas de miles de presos fue suspendida por la Presidencia de la Corte Suprema el mismo día en que fue dictada, una vez que fue contestada de inmediato por la Fiscalía General.
Según esa última decisión, una excarcelación cautelar de esa naturaleza podría “causar una grave lesión al orden, a la salud, la seguridad y la economía pública”, más allá de que era contraria a “una decisión soberana tomada por la mayoría del pleno” del Supremo, que ahora podría revisarla a partir de este jueves.
Por: Agencia EFE|Noticias SIN
