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Por Alina DIESTE/AFP
Estados Unidos apunta a combatir la corrupción en Centroamérica para frenar la migración masiva, dijo el viernes el emisario diplomático del presidente Joe Biden para Guatemala, Honduras y El Salvador, origen de buena parte de la creciente afluencia de indocumentados a la frontera sur estadounidense.
«La corrupción está impulsando gran parte de la inestabilidad y la falta de desarrollo que hace que terminemos con migraciones masivas desde hace varios años», dijo Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte centroamericano.
«Así que tenemos un fuerte interés en asegurar la estabilidad y el buen gobierno en Centroamérica y queremos trabajar con quienes tienen esos mismos intereses», afirmó en entrevista con la AFP.
Zúñiga, que la semana pasada viajó a Guatemala y El Salvador y se reunió en Washington con autoridades de Honduras, dijo que Estados Unidos avanza en su anunciado proyecto de crear una fuerza de tareas anticorrupción regional.
«Va a haber una fuerza de tareas liderada por el Departamento de Justicia y otros socios que asistirá a gobiernos y servidores públicos de Centroamérica en su búsqueda no solo de casos específicos que involucran actos de corrupción, sino de sistemas que ayuden a combatir la impunidad y a prevenir la corrupción», explicó.
La administración Biden quiere involucrar también al Congreso
«La implementación concreta es algo que vamos a negociar con socios de la región», dijo Zúñiga, un estadounidense nacido en Honduras.
Destacó que en el Triángulo Norte ya existen esfuerzos en pos de la transparencia: en la sociedad civil, en las fiscalías y en la prensa independiente.
«Hay mucho trabajo en marcha, que vamos a seguir apoyando a través de nuestras embajadas y con la presencia de nuestros agregados legales y otros», aseveró.
Zúñiga recordó que la legislación estadounidense ya prevé «herramientas» para identificar y penalizar a las personas y entidades involucradas en actos de corrupción en el extranjero, como la Ley Global Magnitsky. También otorga al Departamento de Estado la potestad de negar visas a individuos señalados de corrupción.
Pero aseguró que el Congreso «estaría dispuesto a considerar» nuevas disposiciones para apoyar a quienes están trabajando contra la corrupción en Centroamérica.
«Víctimas de la corrupción»
Según Zúñiga, tanto Guatemala como El Salvador y Honduras piden una «presencia fuerte» y «ayuda» de Estados Unidos para enfrentar la pandemia de covid-19, superar la crisis humanitaria tras dos devastadores huracanes en noviembre pasado, y atraer inversiones.
«Desde la perspectiva de Estados Unidos, todo eso está bien. Nuestro trabajo es tratar de crear las condiciones propicias en Centroamérica que ayuden a aliviar no solo las condiciones económicas y sociales, sino también las condiciones políticas, particularmente en lo que se refiere a la transparencia y el trabajo contra los actores corruptos», dijo.
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¿Están los países del Triángulo del Norte interesados en trabajar con Estados Unidos para combatir la corrupción, en particular luego de que no se renovaran los mandatos de dos organismos anticorrupción respaldados internacionalmente, la MACCIH con la OEA en Honduras, y la CICIG con la ONU en Guatemala?
Zúñiga reiteró la «decepción» de Estados Unidos por el fin de ambas misiones, cuyo trabajo consideró «histórico en términos de identificación de actos de corrupción».
«Esas son decisiones soberanas de los gobiernos de Centroamérica y lo reconocemos. Pero también reconocemos que esas comisiones tuvieron un apoyo popular muy fuerte. Y creemos que eso es importante», dijo.
«Apoyamos a las víctimas de la corrupción, porque nuestros propios intereses también son víctimas de la corrupción en Centroamérica», añadió.
Por eso, dijo, al tiempo que hace cumplir en la frontera las leyes contra la inmigración ilegal, y busca mejorar las vías para la inmigración legal, Estados Unidos necesita «crear y fomentar» las condiciones que permitan a la gente construir «vidas dignas, seguras y prósperas» en sus países.
Zúñiga resaltó que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR en inglés) supuso intercambios bidireccionales por 57.000 millones de dólares en 2018.
«Piense en dónde estaríamos en términos de intereses comerciales de Estados Unidos, en términos de intereses sociales de Estados Unidos, si buscáramos condiciones estables y prósperas en Centroamérica», dijo.
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