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POR: JESSICA SORIANO / NOTICIAS SIN
SANTO DOMINGO.- Diversos sectores de la sociedad civil saludaron el proyecto del presidente Abinader de emprender reformas legales para garantizar la transparencia de la administración pública, la recuperación de los fondos distraídos por la corrupción, la creación del Gabinete de Transparencia y la eliminación del barrilito, pesa al rechazo de los legisladores a perder esos recursos.
El Plan Integral de Reformas Institucionales del presidente Abinader activó las alertas de legisladores de oposición, que dijeron estar dispuestos a respaldar la iniciativa, siempre y cuando sea producto del consenso y no por una imposición mecánica impuesta al Congreso.
A juicio de algunos congresistas, la meta de eliminar el denominado barrilito no es tan sencilla, sino que requerirá de una profunda discusión.
Aquí se ha llegado a decir que ese dinero es de nosotros y ese dinero no es de nosotros, expresó Dionis Sánchez, Vocero senadores FP.
Participación Ciudadana valoró como positivas las medidas anticorrupción y consideró que responden a las demandas históricas planteadas por ese organismo en los aspectos relativos a la publicidad gubernamental y las inversiones en ayudas sociales que son susceptibles de prestarse para el clientelismo político.
“Muchos de esos recursos en vez de llegar a las personas que realmente deben de llegar o se están quedando en el camino o están llegando a los compañeros de los partidos que están en el poder” dijo Miriam Díaz –Dir. Ejecutiva PC.
Servio Tulio Castaños-Vicepresidente de FINJUS dijo que, “Haber anunciado una reforma en todo lo que tiene que ver con la Contraloría, la Cámara de Cuentas debe de ser aplaudida por toda la ciudadanía.
Con respecto al plan para contratar abogados privados para recuperar el patrimonio robado mediante actos de corrupción, el presidente del gremio de juristas propuso que sean organismos de la sociedad civil los encargados de fiscalizar a los profesionales del derecho.
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“Todas las contrataciones deben realizarse con transparencia y los contratos que se suscriban con esos abogados, deben de ser publicados en el portal de la Presidencia de la Republica, manifestó Miguel Surum, presidente del CARD.
Entiende que los abogados que sean contratados no deben ser militantes políticos.
Con relación a las medidas de transparencia en los programas de asistencia social, el presidente Abiander dijo que en 90 días presentará un anteproyecto de ley ante el Congreso para la creación del organismo que supervisará las ayudas.
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