Canoso, más delgado y sin esposas, el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro acudió a la su segunda audiencia tras ser capturados en Caracas el pasado 3 de enero
Este jueves, a las 11.40, Nicolás Maduro ingresó al recinto de la Corte de New York. Canoso, más delgado y sin esposas, el exdictador de Venezuela vestía un mameluco beige y zapatillas deportivas. Saludó a sus abogados y se calzó los auriculares para escuchar la traducción del inglés al español.
La audiencia fue encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, que presionó con preguntas simples y filosas a Barry J. Pollack –abogado de Maduro- y al fiscal federal adjunto Kyle Wirshba.
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su segunda audiencia tras ser capturados en Caracas el pasado 3 de enero a través de declaraciones juradas, aseguraron ante el tribunal que no tienen recursos personales para costear una defensa legal privada de alto nivel.
Basándose en esta supuesta «indefensión financiera», los abogados solicitaron formalmente la desestimación de los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
Pollack alegó que Maduro sólo tendrá una defensa legal de elite acorde a sus acusaciones, si Estados Unidos permite que Venezuela pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen ilícito.
Wirshba replicó que esos fondos están congelados por “razones de seguridad nacional”, y que Maduro podría recurrir a los abogados oficiales para respetar el concepto constitucional –Enmienda VI– que establece el principio de defensa en juicio.
La audiencia concluyó sin que el juez Hellerstein tomara una decisión definitiva sobre el uso de fondos estatales o la desestimación del caso.
El tribunal ahora debe decidir si el dinero que pertenece a la República de Venezuela puede usarse para defender a ciudadanos acusados de delitos individuales como narcoterrorismo y tráfico de armas. Es una decisión legal sin precedentes que podría tardar semanas en resolverse.
La moción presentada por los abogados de Maduro busca anular el juicio antes de que empiece el debate de las pruebas (el «discovery»). Argumentan que, sin acceso a sus recursos financieros, el proceso es inconstitucional. Esto retrasa el inicio del juicio de fondo, cumpliendo el objetivo de la defensa de ganar tiempo.
La justicia de EE. UU. se encuentra en un nudo legal: o permite que Maduro use dinero público para su defensa, o el caso corre el riesgo de ser cuestionado por fallas en el debido proceso. Mientras tanto, ambos permanecen bajo custodia federal en Brooklyn.
