Fuente: Rocío Quiroz de Noticias SIN
SANTO DOMINGO.- El debate nacional sobre la obligatoriedad de la vacuna anticovid, las propuestas para restringir el uso de los espacios públicos e incluso sanciones laborales para quienes se nieguen a inmunizarse generó reacciones este jueves, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por la tercera ola de contagios de la pandemia.
Aunque el Gobierno sostiene todavía que la aplicación de la vacuna anticovid es de carácter voluntario, diversos sectores, incluso empresas, insisten en plantear la exigencia de la cartilla de vacunación como requisito a la población, por considerar que es la única vía para mitigar los efectos de la enfermedad justo cuando se registra una tercera ola de contagios de la pandemia.
Desde Copardom, manifestaron este jueves, vía telefónica, su respaldo a las políticas adoptadas a nivel empresarial, tras asegurar que es una obligación del empleador garantizar la salud colectiva en los ambientes de trabajo.
Nosotros entendemos que hay razones que apoyan a que las empresas establezcan políticas de solicitud a sus colaboradores para que se vacunen.
El código de trabajo dice que en caso de que un trabajador, en una condición de excepción sanitaria como esta, no obtempere el llamado de su empleador para conservar la salud colectiva, puede ser despedido como un despido justificado.
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Mientras que en Asonahores abogaron por que se continúe la aplicación de medidas de persuasión y convencimiento, las cuales aseguraron han sido efectivas en ese sector, donde alrededor del 90 por ciento de los empleados ya ha recibido al menos una dosis de vacuna.
Desde el punto de vista del sentido común, suscribimos la posición del presidente de continuar estimulando, convenciendo, que la solución a este tema es la vacunación.
Este es un debate que hay también en Europa. Yo creo que, por el momento, se tiene que continuar en tratar de convencer a las personas a vacunarse.
Las discusiones en torno a la obligatoriedad de la vacuna han cobrado impulso tras la aprobación en el Senado de una resolución que solicita al presidente Abinader disponer la prohibición en el acceso a espacios públicos a quienes se nieguen a inmunizarse.
Sin embargo, el debate podría llegar a un punto muerto debido a la falta del fármaco, que se estará aplicando sólo a los que requieren la segunda dosis.
