La periodista Nuria Piera, analiza la reciente implementación de la Ley 47-25 en la República Dominicana y cómo esta normativa afecta a los funcionarios públicos que actúan como proveedores del Estado.
Se expone cómo diversos funcionarios públicos (ministros, directores y legisladores) mantenían registros activos como proveedores del Estado, lo que generaba conflictos de interés.
Se citan casos específicos de funcionarios como Milton Morrison, Limber Cruz López, Moisés Ayala, Rafael Burgos Gómez y Alexis Antonio Alcántara.
El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas aclara que, bajo la ley anterior (340), los funcionarios solo tenían prohibido contratar con el Estado si poseían más del 10% de participación accionaria en una empresa.
La nueva legislación establece un régimen de incompatibilidad absoluto. Ahora, no importa el porcentaje de acciones que posea el funcionario; si está dentro del régimen de incompatibilidad, su registro de proveedor será suspendido automáticamente para prevenir conflictos de interés.
En resumen, la entrevista aclara que las adjudicaciones previas fueron posibles bajo la interpretación de la ley anterior, pero la nueva normativa elimina los vacíos legales al prohibir la participación de funcionarios como proveedores, sin importar su nivel de capital en las empresas.
