BOGOTÁ.- La violencia sexual, considerada el delito más negado en el mundo por los actores de los conflictos armados debido a lo deleznable de su esencia, ha afectado en Colombia a 24.861 mujeres y 386 personas LGBTI desde 1985, muchas de las cuales darán a conocer mañana su verdad en un encuentro en Cartagena.
Desde siempre, en las guerras se ha considerado “válido” matar pero no violar.
Sin embargo, “en Colombia las mujeres han sido territorio baldío en el marco del conflicto armado, en donde cualquiera podía hacer lo que quería con ellas”, dijo en entrevista a Efe Marta Ruiz, miembro de la Comisión de la Verdad.
La Comisión, creada a instancias del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye además la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En el primero de los siete Encuentros por la Verdad que se llevarán a cabo este año para analizar los daños de la confrontación armada en el país y reconocerle valor a las víctimas, se visibilizarán hechos que han marcado no solo el cuerpo sino la psiquis de quienes han padecido violación, esclavitud sexual y aborto forzado, entre otros delitos.
En estos casos, explicó Ruiz, “la carne es el testimonio porque se trata de un daño de una profundidad enorme debido a que el cuerpo del ser humano es el primer territorio de la individualidad y donde se forja la identidad”.
Por ello, la violencia sexual “daña la intimidad y la sexualidad, que es lo más personal que puede uno tener, de ahí que cuando se usa la violencia sexual se está destruyendo a la persona”, precisó.
En el país, los expertos han determinado que la violencia sexual no fue “oportunista sino estratégica” y que se generó en medio de la disputa armada, el control territorial e intrafilas por parte de todos los actores armados, pero con motivos distintos.
Diversos organismos han establecido que los paramilitares son el grupo que más usó esta práctica, seguidos de la guerrilla y la fuerza pública.
Si bien la Comisión de la Verdad tiene el mandato de esclarecer lo ocurrido desde 1958, la tarea ha sido difícil porque la violencia sexual no era considerada un delito en ese momento.
Los casos se resumían como “tortura” y solo se les llamó por su nombre hasta 2008.
Por ello, no es raro encontrar hoy vínculos entre la violencia sexual no judicializada y el Estatuto de Seguridad Nacional, que aplicó el Gobierno colombiano entre 1978 y 1982 para “combatir al enemigo interno” que amenazaba los “intereses” del país.
Al escudriñar en esa parte de la historia colombiana, la Comisión de la Verdad ha identificado casos de varias guerrilleras que fueron agredidas sexualmente, uno de los cuales se revelará mañana en el encuentro de Cartagena.
Por regiones, según cifras del Registro Único de Víctimas, los departamentos con mayor incidencia de este flagelo son Antioquia (3.714 casos), Magdalena (2.727), Nariño (2.313) y Cauca (1.383).
“Ha habido casos de mujeres que estuvieron bajo dominios terribles en zonas cocaleras o del crimen organizado, y también otras que fueron abusadas por ser empoderadas y consideradas líderes”, comentó la comisionada.
De hecho, hay registro de 3.795 mujeres de los pueblos étnicos que fueron víctimas entre 1985 y 2018, de las cuales 3.091 (12,4 %) son afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Aún hoy, después de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de la firma del acuerdo con las FARC, la violencia sexual campea en el país.
Si bien los casos más sonoros se ubican en el Caribe colombiano, en donde se ejerció una crueldad sin nombre contra las mujeres, especialmente en la zona de los Montes de María y el departamento del Magdalena, hay lugares “silenciados”.
Tal es el caso del departamento de Putumayo, en el sur, “en donde la barbaridad está aún por descubrirse”, afirmó Ruiz.
Pero, la violencia no es exclusiva de las zonas selváticas o alejadas ni tampoco de quienes empuñaron las armas en medio del conflicto, sino un común denominador en la cotidianidad de los colombianos que a veces adquiere tintes sexuales.
Por ello, “esta realidad no debe ser vista solo desde el accionar de los grupos armados sino a través de factores culturales y democráticos porque en la medida en la que las mujeres sean consideradas ciudadanos de segunda en el imaginario colectivo pueden usar usadas y violentadas”, puntualizó Marta Ruiz.
