Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Públicas, analiza la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, destacando sus puntos clave y el impacto que tendrá en la transparencia y el uso de los recursos públicos
Se elimina el porcentaje de participación accionaria (anteriormente 10%) que permitía a funcionarios contratar con el Estado. Ahora, cualquier participación accionaria prohíbe la contratación. Se considera un ilícito penal si un funcionario busca mecanismos fraudulentos para seguir contratando.
