El conflicto involucra parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, en la provincia de Pedernales, y podría afectar ecosistemas sensibles como manglares y zonas de anidación de especies protegidas si se procede a su exclusión del parque
El Tribunal Constitucional (TC) admitió un recurso de revisión interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente contra una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que, de ejecutarse, podría excluir terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua.
Antecedentes
La decisión recurrida corresponde a la Sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la Quinta Sala del TSA tras una acción de amparo de cumplimiento presentada por la empresa Inversiones del Sur, S.R.L., y ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas en un plazo de 30 días, con una multa diaria por incumplimiento.
Argumentos del Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio sostiene que la resolución del TSA incurre en vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, pues permitiría una reducción material de un área protegida sin el procedimiento legislativo requerido por la Constitución. En su recurso ante el TC, los abogados del Estado alegan deficiencias en la motivación y en la valoración de las pruebas presentadas.
Terrenos en disputa y riesgos ambientales
El conflicto involucra parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, en la provincia de Pedernales, y podría afectar ecosistemas sensibles como manglares y zonas de anidación de especies protegidas si se procede a su exclusión del parque. Sectores ambientalistas han advertido que la medida sentaría un precedente peligroso para la conservación.
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La sentencia del TSA ha generado rechazo entre organizaciones ambientalistas y varios legisladores, que recuerdan que la reducción de límites de áreas protegidas requiere una ley aprobada por mayoría calificada. No obstante, también han surgido voces con posturas distintas en el debate público y político.
Con la admisión del recurso, el caso queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá evaluar la validez del fallo del TSA y sus implicaciones legales y ambientales antes de que cualquier modificación del catastro pueda ejecutarse.
