Rijo Presbot detalló que entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2020, Guerrero emitió una comunicación escrita instruyendo “resolver los compromisos pendientes con los contratistas” de las mencionadas entidades.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, reveló este lunes que en 2020 el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, autorizó un pago irregular por aproximadamente 20,900 millones de pesos. Estos pagos estaban destinados a saldar deudas administrativas en favor de 42 contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y de otros 32 contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
Rijo Presbot detalló que entre el 31 de julio y el 14 de agosto de 2020, Guerrero emitió una comunicación escrita instruyendo “resolver los compromisos pendientes con los contratistas” de las mencionadas entidades. Estas declaraciones fueron realizadas hoy ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde Rijo Presbot se presentó como testigo del Ministerio Público en el marco del caso Antipulpo.
El testigo del Ministerio Público señaló que la decisión ejecutada por el exministro de Hacienda impactó negativamente la disponibilidad financiera del Estado dominicano y aumentó la deuda pública debido a pagos pendientes correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
“Es esencial entender que para proceder con el pago de una deuda pública, esta debe estar previamente registrada y validada a través del Congreso Nacional en el Presupuesto General del Estado del año en curso. Las deudas administrativas o acumuladas de años anteriores deben cumplir un proceso riguroso de verificación y certificación por parte del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, cosa que no sucedió en este caso”, aclaró Rijo Presbot, quien también es catedrático.
Rijo Presbot explicó que para realizar dicho pago se violaron múltiples leyes y normativas, incluyendo la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Tesorería Nacional, la Ley de Crédito Público, la Ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Inversión Pública, la Ley de Contrataciones, y el Presupuesto General del Estado de 2020, así como el Decreto 15-17 de Control de Gasto y Pago a Proveedores y otros instructivos legales relacionados con el control del gasto público.
“Para el pago, hicieron uso de los dividendos que debía depositar el Banco de Reservas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Este pago se realizó fuera del circuito de pagos que debe involucrar a la Dirección General de Administración de Deudas, la Tesorería Nacional, la Unidad de Análisis de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental”, detalló Rijo Presbot.
Además, indicó que todos los pagos realizados por las instituciones estatales deben pasar por la entidad financiera que maneja la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de la Tesorería Nacional. Sin embargo, en esta ocasión, los pagos se efectuaron sin el debido proceso legal y sin registro en el sistema financiero del Estado, bajo instrucciones directas del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
En el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la operación Antipulpo, el principal acusado es Juan Alexis Medina Sánchez, junto con otras 26 personas físicas y 21 compañías. Según el Ministerio Público, Medina Sánchez fue beneficiado con gran parte de las licitaciones de varias instituciones públicas mediante procesos irregulares.
