SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, recordó que la Ley 41-08 de Función Pública es muy clara en su artículo 80, numeral 13 al prohibir a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
El Consejo Nacional de Participacion Ciudadana, emitió estas aclaraciones en rechazo a la designación de tareas en la precampaña de posiciones fundamentales para la buena marcha del Estado, tales como: el Administrador del Banco de Reservas, el Director del Banco Agrícola, el Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el Director de Aduanas, el Superintendente de Bancos, el Director de Presupuesto, el Director de SeNaSa, el Director del INDOTEL, el Director de OISOE, el Superintendente de Valores, el Director de la EGEHID, la Directora de Zonas Francas, el Director de Recursos Hidráulicos, la Directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el Director del Instituto Nacional de Educación Física, el Vice Ministro de Políticas Sociales, el Director de Comunicaciones de la Presidencia, el Director de Correos, el Director de Titulación, el Director de la CASD, la Directora del INTRANT, el Vice Ministro de Edificaciones del MOPC, entre otros funcionarios públicos, lo cual deja claro lo vulnerable que es para el sistema económico del país funcionarios de la banca vinculados a este tipo de actividad.
En un comunicado, Participación Ciudadana pidió que todos los funcionarios públicos que se han integrado a la precampaña electoral del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tomen licencia o renuncien de sus funciones. “La Ley de Función Pública en su artículo 79 establece que es deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones. Así mismo, la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los funcionarios o empleados del Estado el uso en cualquier forma y de cualquier título de recursos del Estado y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.
“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido contactar que el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para reestablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”, señala el comunicado.
Para su precampaña el señor Gonzalo Castillo ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político con tareas territoriales a por lo menos quince ministros, entre los que se encuentran los ministerios de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la presidencia. “Todos estos funcionarios son parte de los recursos que dispone el Estado y que ahora serán utilizados para fines partidarios con absoluto desparpajo, en la cara de toda la ciudadanía, sin el menor respeto por las leyes y las reglas que norman la función pública y las actividades electorales”, indicó el Consejo Nacional de PC.
Si la Junta Central Electoral no interviene ante una situación tan descarada no habrá forma de poner ningún tipo de límite y el país seguirá siendo tierra de nadie, donde se impondrá no el que tenga el favor de los votantes, sino el que pueda comprarlos de cualquier forma y más cuando se está disponiendo de los recursos del Estado.
