Patricia Chirinos/Color Visión
Santo Domingo.- A poco más de una semana de haber vencido el primer plazo para presentar la acusación formal contra Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina y los demás imputados en la Operación Antipulpo, la Procuraduría entregó este viernes el documento por ante la coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, la jueza Kenya Romero, quien debe apoderar a un juzgado de la instrucción para que conozca la solicitud de apertura a juicio.
El Ministerio Público representado por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución, acogiéndose a la prórroga de 15 días otorgado por la jueza Yanibet Rivas, Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, depositaron la acusación formal, la cual según los magistrados es un proceso complejo que incluye cientos de pruebas e imputados nuevos.
El pasado lunes 5 de diciembre venció el plazo otorgado por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para entregar la acusación formal y dicho tribunal intimó al órgano acusador para que dentro de los próximos 15 días depositen el documento.
Días después, la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, intimó a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que presentaran la acusación tras haberse vencido el plazo de cuatro meses otorgado al Ministerio Publico.
En torno al caso Antipulpo figuran como imputados además de Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
También Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
Los acusados fueron arrestados el 29 de noviembre de 2020, a través de numerosos allanamientos.
Los fiscales afirman que los detenidos aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno.
