La Operación Cobra no solo se libra en los tribunales, sino también en las calles, donde la indignación ciudadana exige justicia sin privilegios.
El caso SENASA dio un giro decisivo este fin de semana: el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra siete imputados, incluido el exdirector Santiago Hazim, mientras otros tres recibieron arresto domiciliario con restricciones.
La medida se produce en medio de un creciente malestar social, reflejado en protestas frente al Palacio de Justicia, donde ciudadanos y organizaciones exigieron que el proceso se lleve sin privilegios ni impunidad.
El Ministerio Público acusa a los implicados de un fraude superior a 15 mil millones de pesos, con sobornos que rondan los 2 mil millones.
Cinco actores civiles se constituyeron como querellantes, entre ellos el Estado dominicano y el propio SENASA.
Paralelamente, la Fundación Justicia y Transparencia convocó la llamada “Marcha Negra”, realizada el domingo en Santo Domingo, como símbolo de duelo e indignación por el desfalco que habría afectado el acceso a la salud de miles de dominicanos.
Los manifestantes reclamaron transparencia, sanciones ejemplares y rechazaron cualquier acuerdo que implique impunidad.
“La operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”, dijo Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Tras ser aplazada la solicitud de medida de coerción en contra del exdirector de Senasa, Santiago Hazim y otros nueve imputados, la magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”.
“Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud; y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o medicamentos”, apuntó la magistrada.
Ortiz indicó que el órgano acusador cuenta con un legajo de pruebas testimoniales y documentales, que al conocerse la medida de coerción, probarán cada una de las imputaciones realizadas y las tipificaciones penales.
Mientras los acusados enfrentan coerción, la presión social promete mantener vivo el reclamo de que robar dinero de la salud es robar vidas.
