Este reportaje de investigación analiza las declaraciones de Castillo y las confronta con la ley que rige el Sistema Nacional de Protección Infantil.
Nuria Piera expone cómo el INAIPI, aunque no reciba denuncias directamente, tiene el deber moral y legal de orientar y canalizar cualquier alerta sobre abuso infantil.
La respuesta de la directora del INAIPI, Josefa Castillo, sobre el caso de la niña Emailing Coronado —torturada y asesinada en Los Guandules— ha generado una ola de indignación nacional. Su declaración, en la que afirmó que recibir denuncias de abuso infantil no forma parte de la “misionalidad” institucional del INAIPI, fue vista por muchos como una forma de lavarse las manos ante una tragedia que pudo haberse evitado.
