LIMA.- Carlos Campos y Alexandra Porras son los protagonistas del último episodio de las tragedias laborales de Perú, dos adolescentes de clase humilde que eran pareja desde el colegio y habían planificado una vida juntos que se truncó cuando murieron electrocutados en el McDonald’s donde trabajaban.
Casi 200 accidentes de trabajo mortales se han registrado en Perú desde que comenzó 2019, lo que supone un promedio aproximado de dos trabajadores muertos cada tres días, según las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
De esa amplia lista, la punta mortal de un iceberg de casi 30.000 accidentes laborales de toda índole a nivel nacional, pasaron a formar parte estos dos jóvenes fallecidos mientras buscaban un sueldo para pagar sus estudios.
Campos, de 19 años, y Porras, de 18, murieron presuntamente por una gran descarga eléctrica sufrida en plena madrugada del domingo cuando limpiaban las instalaciones de la famosa hamburguesería. Ella fue la primera en sentir la corriente a través de su cuerpo, y el chico, al intentar ayudarla, también acabó electrocutado.
Sus cuerpos fueron encontrados juntos y sin elementos de seguridad, con las manos desnudas y calzado personal, según se aprecia en imágenes tomadas en el lugar de los hechos y difundidas el martes por América Televisión.
Los dos jóvenes también fueron sepultados juntos el martes ante el dolor de ambas familias que todavía reclamaban a la empresa una explicación clara sobre las muertes.
PROTESTAS E INVESTIGACIÓN CONTRA MCDONALD’S
El caso ha llevado a McDonald’s a cerrar todos sus locales en Perú durante dos días, pero el comunicado donde anunciaba esta medida avivó la polémica al referirse a las víctimas como “colaboradores” en lugar de trabajadores, término con connotaciones que debilitan el vínculo laboral entre empleador y empleado.
Durante el cierre de sus locales, la indignación popular se ha traducido en protestas contra la tienda más conocida en el país, ubicada en el centro del distrito limeño de Miraflores, y en la ciudad norteña de Trujillo otro local apareció con pintadas de “asesinos” en su fachada.
De demostrarse que se incumplieron las normativas de seguridad y salud, la cadena de comida rápida deberá pagar una multa de 189.000 soles (unos 56.000 dólares), según advirtió la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).
Esta cantidad es independiente de las indemnizaciones que puede fijar un juez en caso de que el caso llegue a juicio, para lo que la Fiscalía ya abrió una investigación.
AUTORIDADES CONFIABAN
La franquicia de McDonald’s en Perú está en manos de la empresa Arcos Dorados, presidida por el colombiano Woods Staton, que cotiza en la bolsa de Nueva York desde 2011 y está presente en 20 países de Latinoamérica y el Caribe, donde gestiona unas 2.200 hamburgueserías y emplea a más de 90.000 personas.
Preguntado por qué no se había evaluado el local del accidente desde hacía casi dos años, el subgerente de Control de Riesgos de la Municipalidad de Pueblo Libre, Andrés Ciudad, respondió que “hay que ser un poquito sensatos, es una trasnacional que cumple, supuestamente, estándares de seguridad a nivel internacional”.
La autoridades municipales del distrito limeño de Pueblo Libre clausuraron el local horas después del fatal accidente al argumentar que la empresa no permitió el acceso ni a sus inspectores ni a los bomberos.
RECIENTES TRAGEDIAS SIMILARES
La muerte de estos dos jóvenes también trajo rápidamente a la memoria otros trágicos episodios de accidentes mortales en ambientes laborales, que se han vuelto recurrentes en los últimos años con dramáticas historias producto de la informalidad y precariedad, unido a la inacción de las autoridades.
En 2011 ya sucedió un accidente muy similar cuando Christian Alza, de 22 años, murió también electrocutado mientras hacía limpieza nocturna en un local de Bembos, las hamburgueserías que son la competencia directa de McDonald’s en Perú.
En 2016, un incendio en los cines del centro comercial Larcomar, uno de los lugares más visitados por los turistas de la capital peruana, acabó con la vida de cuatro empleados, que murieron asfixiados al no poder escapar, pues no funcionaron los detectores de humo ni los extintores y la puerta de emergencia estaba bloqueada.
Más fresca está aún la conmoción que causó en 2017 el caso de Jovi Herrera, de 19 años, y Jorge Luis Huamán, de 21, que murieron calcinados en un gran incendio de unos almacenes donde trabajaban en condiciones inhumanas, encerrados con llave en un contenedor del que no pudieron escapar. Allí falsificaban tubos fluorescentes.
Por: Agencia EFE| Noticias SIN
