El Informe con Alicia Ortega. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
Pandora papers, es el nombre que se le ha dado a los más de 11.9 millones de documentos filtrados, donde se revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de estado. Más de 330 funcionarios, en más de 90 países y territorios, fugitivos, estafadores y asesinos, figuran en estos documentos. Como beneficiarios de los servicios offshore revelados, se encuentran involucrados 14 funcionarios o ex funcionarios dominicanos.
Desde Hong Kong hasta Panamá; y desde Estados Unidos hasta las Islas Vírgenes Británicas, los secretos financieros almacenados en 11.9 millones de documentos filtrados, provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore, fueron analizados por 600 periodistas en un tiempo de 1 a 2 años. En ese tiempo, los profesionales examinaron meticulosamente los archivos, rastrearon fuentes, excavaron en archivos judiciales y registros públicos poniendo al descubierto informaciones relevantes sobre paraísos fiscales.
Luis Abinader
Entre los 35 jefes y exjefes de estado, el consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ- según siglas en inglés) encontró al presidente Luis Abinader. En la filtración, el mandatario aparece vinculado a dos compañías panameñas, en compañía de sus hermanos; siendo estas empresas creadas para la tenencia de activos. El mandatario dijo al consorcio que, una de las empresas, controla una propiedad en la romana, y la otra posee inmuebles, casi todos de la universidad de la familia (Universidad Dominicana O&M).
Registros adicionales indican que ambas empresas inicialmente tenían acciones al portador, es decir, no indicaban el nombre del propietario; sin embargo, para 2018, bajo la legislación de Panamá que requería la identificación de los accionistas de las empresas, quedaron registrados los tres hermanos Abinader como dueños de las acciones.
Ante estas evidencias, los Abinader señalan que la creación de estas empresas, fue motivada a que, a finales de 2008, República Dominicana no contaba con una ley corporativa eficiente y actualizada para comprar activos, o intercambiar bienes en el extranjero. Por tanto, la existencia de estas empresas se justifica en el deseo familiar de organizar una estructura más eficiente de control de bienes en el país, realizar operaciones en territorio nacional, en jurisdicciones extranjeras, facilitar la apertura de cuentas, tener un sistema solido de gobernanza corporativa, entre otros beneficios.
Ambas empresas, junto a otras 7 offshore, forman parte de un fideicomiso revocable donde el actual presidente de la república no tiene ninguna participación en la administración del mismo, según sus abogados. Este fideicomiso fue incluido en la declaración jurada de bienes que fue depositada por Abinader ante la cámara de cuentas, cuando asumió la presidencia.
Según el jurista Francisco Álvarez, las empresas tenedoras de activos, ya sea familiares o de negocios, son aquellas donde se añaden los activos que se poseen: carros, apartamentos e inmuebles; y eso es completamente legítimo. A propósito del fideicomiso de los Abinader, el jurista menciona que lo ideal para una persona que asume una función pública, es cortar las vías de influencia sobre las compañías, pues a futuro, pudieran tener algo que ver con el estado, y allí se crearía un conflicto de intereses.
Dos Senadores
Alexis Victoria Jeb de María Trinidad Sánchez y David Sosa Cerda de Dajabón, aparecieron también en la base de datos.
Victoria Jeb con Sonata Properties Agency Inc, empresa creada como propietaria de las cuotas sociales de JD Guerrero SRL, dedicada a la venta de productos farmacéuticos,. Esta empresa que vincula a Victoria Jeb, fue reseñada en su declaración jurada de bienes; caso contrario al representante de Dajabon en la cámara alta.
Los documentos revelan que en 2016, Sosa Cerda es vinculado a la empresa Magazin Suplidores Inc, creada el mismo año en Panamá, y encargada de la compra, venta y exportación de materiales de construcción. Esta empresa offshore, la cual forma parte de un conglomerado de empresas, no figura en su declaración jurada de bienes. Vía telefónica, el senador admitió que no declara la offshore, ni siquiera en impuestos internos; debido a que no sabía que debía hacerlo. Aseguró, que se pondría de acuerdo con los auditores y las personas responsables para regularizar su situación.
Para el abogado Francisco Álvarez, en estos casos la recomendación es que el funcionario declare todas las acciones que tiene a su nombre, para de esa manera evitar hacer un declaración jurada de bienes falsa, donde se omita información.
Settingsun Group Limited
Esta empresa, registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde noviembre de 2012; aparece inicialmente con dos accionistas; uno de ello, era Raúl Gorrín, abogado y empresario venezolano acusado entre 2018-2019 por corrupción y lavado de activos, quien alegadamente, soborno a funcionarios de la oficina nacional del tesoro para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela.
Ya para junio de 2013, las acciones de Settingsun pasan a VEF Manecement Corp, registrada en las Islas Caimán con los hermanos Adrián y Josmel Velázquez como apoderados. Adrián Velásquez y su esposa, Claudia Díaz Guillen; ambos venezolanos y ligados al gobierno de Hugo Chávez, fueron apresados en España, y señalados junto a Gorrín, por delitos de sobornos y lavado de dinero. Son acusados de amasar beneficios de las arcas de Venezuela en no menos de 2000 millones de dólares.
Los hechos, dicen las autoridades de Estados Unidos, ocurrieron entre 2008 y 2017, años que coinciden con la compra del terreno de 11580m2 en Punta Espada, en Cap Cana en la provincia La Altagracia. Este terreno fue adquirido a finales de octubre de 2012 a nombre de la compañía Settingsun Group.
En 2014, Settingsun Group transfiere sus acciones a Maravilla Holdings, empresa creada en Panamá en 2013 cuyo único accionista era Ángel Encarnación, actual subdirector de la dirección general de aduanas en República Dominicana.
En su declaración jurada de bienes, Encarnación Amador indica que es abogado especializado en el área de litigios corporativos, negocios de inversiones y contratos; pero, en ese formulario no declara a Settingsun Group ni Maravilla Holdings. Al ser contactado vía telefónica, Encarnación Amador negó estar vinculado a la sociedad de la offshore ya mencionada, contradiciendo así, un correo enviado en 2017 donde aparece su firma.
Sobre su relación con Velásquez, Encarnación dijo que fue un cliente referido a su despacho, por un grupo de empresarios reconocidos de la economía dominicana, y con documentación que pasaba todos registros que formalmente demandaban. Asegura que desde 2016 no ha tenido vinculación con Velásquez.
Leonel Fernández y su esposa Margarita Cedeño
El 5 de abril de 2004, 40 días antes de convertirse en primera dama de la república, Margarita Cedeño recibía poderes, al igual que David Pérez Taveras, abogado de Fernández y asociados, sobre la empresa offshore Wayland Overseas SA, constituida en Panamá el 1 de abril de ese año, con un capital de 50.000$ con acciones al portador.
Según la información de pandora papers, Cedeño tenía poder para las atribuciones administrativas, sobre bienes y propiedades, cuentas bancarias y todo tipo de contratos, los poderes otorgados a Taveras, era para la apertura, manejo, operación y cierre de cuentas bancarias en cualquier parte del mundo.
Como primera dama, Cedeño no tenía que someter a la cámara de cuentas una declaración jurada de bienes, de hacerlo, debía presentar inventarios de bienes muebles e inmuebles con sus valores estimados, así como los pasivos y activos, en el mismo abril de 2004, cuando Wayland emitía certificados de acciones al portador a 49.998 de las 50.000 acciones.
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Al ser contactada por el Informe, Cedeño respondía por escrito alegando que no ha sido titular de acciones, ni tampoco ha poseído acciones al portador en empresas o compañías offshore. Añadió que a principios de 2004, como parte de sus funciones como socio y director de Fernández y asociados, realizó gestiones para la importación de una sociedad offshore, como algo propio de sus funciones.
También Cedeño explicó, que al iniciar sus funciones como primera dama, y al cesar sus funciones en Fernández y Asociados, solicitó la disolución de la empresa offshore, en vista de que esto podría constituir un conflicto de intereses con sus funciones públicas.
Cedeño en su carta concluyo que, si bien la solicitud de disolución se hizo en 2005 pero se concretó en 2016; pretende que con toda la información suministrada contribuir a la transparencia y la construcción de la democracia, aseverando que la sociedad offshore en cuestión fue realizada como parte de su ejercicio profesional, nunca estuvo vinculada a sus acciones operativas, nunca esta empresa opero en República Dominicana u otro país, y nunca fue titular de ningún activo, cuenta bancaria ni instrumento financiero.
Donald Guerrero Ortiz
Bajo la mirada de la PEPCA desde Febrero, el ex ministro de hacienda entre 2016 y 2020 ha sido objeto de cuestionamientos. Y es que ha sido interrogado por presuntos delitos que incluyen asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el estado. El empresario, en su declaración jurada de bienes en 2016 reportó 4 compañías nacionales y dos extranjeras en Puerto Rico. Sus inversiones extranjeras, son a través de acciones en dos de los conglomerados de agencias de vehículos más grandes de Puerto Rico: Autocentro y Autogermana.
Lo que no declaró Guerrero en 2016 fue su participación como director de Caribbean Energy, una offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 12 de noviembre de 2012. Guerrero dijo a El Informe que en 2016, antes de ser funcionario de gobierno, transfirió la totalidad de su participación accionario; sin embargo, los documentos filtrados indican que en 2017, cuando Guerrero era ministro de hacienda, le fue enviada la notificación y solicitud de quien sería el beneficiario final de Caribbean, misiva que fue respondida 3 días después donde se adjuntaban los documentos personales, señalando al ex ministro de hacienda como director de la offshore con su firma.
Víctor Díaz Rúa
El actual acusado por el caso Odebrecht, figura dentro de los documentos filtrados como apoderado de la empresa offshore Raynille Finance SA, registrada en Panamá el 23 de agosto de 2012.
A través de esta offshore, y siendo ministro de obras públicas, se presume que Díaz Rúa compró una propiedad en el año 2012. Un año más tarde, en julio de 2013, los poderes de dicha empresa pasan a Reina Josefina Domínguez Quezada, madre de los hijos del ex mandatario.
Ante estos cuestionamientos, Díaz Rúa se desligó de la compra del inmueble diciendo que solo sirvió como intermediario con los dueños del apartamento, asegurando también que desconocía que aparecía como apoderado de la offshore, al punto de mostrarse sorprendido e incrédulo.
Héctor Vinicio Mella Garrido
En los documentos filtrados al ICIJ, el ex ministro de industria y comercio reluce con dos empresas: Cargo Trading & Transport Inc, creada en 1994 y dedicada a las operaciones como agencia naviera, y la empresa Mooresville Commercial, incorporada en 2002 como accionista de la primera. Ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, con acciones al portador inicialmente; pero con participación accionaria de Mella Garrido a partir de 2013 y 2014.
El ex ministro y empresario Mella Garrido, en su declaración jurada de bienes en 2016 omitió información acerca de estas offshore, y no emitió respuesta ante la comunicación realizada por El Informe.
Otros involucrados
Entre los más de 11.9 millones de documentos, también aparecen otros 5 funcionarios y ex funcionarios; entre ellos: el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza con la empresa Belcreek Overseas, José Ramón Peralta con la empresa Jolly States Inc, el diputado Francisco Javier Paulino con Bayanai Investments, la embajadora en Francia Rosa Hernández de Grullon y el difunto ex vicepresidente y ex canciller Carlos Morales Troncoso, aparecen con fideicomisos familiares.
Al igual que estos últimos dos casos, en los documentos filtrados aparece un gran número de familias dominicanas o grupos empresariales que manejan grandes recursos; que aunque no tienen que declarar sus bienes como los funcionarios, si tienen obligaciones fiscales ante la dirección general de impuestos internos. Si lo hacen o no, como periodistas no es posible tener acceso a esas informaciones.
Por otro lado es importante destacar que en esta filtración solo se encuentran 14 oficinas de proveedores de servicios offshore, qué son parte de una industria mucho más grande que opera en todo el mundo. Por tanto, es imposible decir cuánto del universo de datos de proveedores está en manos del consorcio internacional de periodistas de investigación, y de los 600 periodistas que pasaron más de un año analizando la data, siendo probable que lo encontrado, solo sea una pequeña fracción.
