Veloz Suárez es conocida por su firmeza y ha manejado casos de alto perfil, como la «Operación Pandora» sobre municiones robadas y el escándalo financiero en la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.
Por Noticias SIN
Santo Domingo.– A sus 34 años, la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, titular del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, encabeza la audiencia que conoce la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por presuntamente incurrir en una «grave negligencia e irresponsabilidad» al no tomar las medidas necesarias para reforzar la estructura del techo del establecimiento, a pesar de conocer su estado crítico.
Ambos hermanos fueron detenidos tras una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que los vincula de haber realizado movimientos dirigidos a intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., responsable de la operación del Jet Set Club.
La jueza Veloz Suárez deberá decidir si los envía a prisión preventiva, como ha solicitado el Ministerio Público, o impone otra medida cautelar.
Pero este no es el primer proceso de alto perfil que cae en sus manos. En los últimos dos años, su juzgado ha sido escenario de decisiones judiciales que han marcado titulares y precedentes, no solo por la sensibilidad de los casos, sino también por la firmeza con que ha conducido las audiencias.
Casos recientes bajo su jurisdicción
Diciembre 2024 – Nacionales haitianos acusados de agresión
La jueza Veloz aplazó la audiencia de medida de coerción contra cuatro ciudadanos haitianos acusados de agredir a inspectores de Migración, debido a la ausencia de un traductor de creole. La decisión, aunque administrativa, fue interpretada como muestra de respeto a las garantías procesales de los extranjeros involucrados.
Noviembre 2024 – Robo de municiones: Operación Pandora
En uno de los casos más delicados vinculados a cuerpos castrenses, conoció la audiencia de medida de coerción contra 11 agentes policiales acusados de sustraer 900 mil municiones del arsenal estatal. El expediente es parte de un esfuerzo mayor por desarticular redes de corrupción dentro de la Policía Nacional.
Noviembre 2024 – Fraude en Fedopem
La Federación Dominicana de Pentatlón Moderno fue sacudida por un escándalo financiero. Veloz impuso medidas de coerción contra su presidente y tesorero por una presunta estafa superior a los RD$60 millones. Las medidas incluyeron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Noviembre 2024 – Explotación sexual infantil
Un caso estremecedor llegó a su despacho: una madre acusada de explotar sexualmente a sus dos hijas menores, de 9 y 10 años. Veloz dictó prisión preventiva, y el expediente se amplió por vínculos con redes de trata de personas y pornografía infantil.
Octubre 2024 – Operación Camaleón (Corrupción en el Intrant)
Este caso de gran repercusión pública involucró la adjudicación fraudulenta del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo a la empresa Transcore Latam. La jueza emitió órdenes de arresto contra varios implicados, en coordinación con la PEPCA, en uno de los mayores casos de corrupción administrativa del año.
Septiembre 2024 – Libertad a Marisol Franco
No todas sus decisiones han sido restrictivas. En el caso de Marisol Franco, pareja del narcotraficante César Emilio Peralta, alias «César el Abusador», Veloz dictó auto de “no ha lugar”, lo que implicó libertad pura y simple, pese a que las investigaciones contra Franco aún están abiertas. La decisión causó debate, aunque fue sustentada en la insuficiencia de pruebas en ese momento.
Octubre 2023 – Visa con documentos falsos
La jueza impuso medidas de coerción contra 23 jóvenes que intentaron obtener visas hacia Estados Unidos usando cartas deportivas y certificados universitarios falsos. Fue uno de los primeros casos donde mostró su enfoque en sancionar sin recurrir directamente a la prisión preventiva.
Fátima Scarlette Veloz inició su carrera judicial en el Ministerio Público, donde trabajó como abogada ayudante de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. En 2020, mientras fungía como jueza suplente de Ejecución de la Pena en San Cristóbal, su nombre se vinculó al escándalo de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, alias Quirinito, por un supuesto error en el cómputo de su condena. Aunque fue objeto de una investigación disciplinaria, la acción fue archivada posteriormente.
Desde entonces, su hoja de servicio no ha estado exenta de tensiones, pero ha sido valorada por su firmeza y precisión jurídica, con un enfoque técnico en resolución de conflictos y cumplimiento normativo, según se desprende de su perfil profesional.
