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Indignación Colectiva | El Informe con Alicia Ortega

El Informe. Transmitido por Color visión en vivo

Por: Luz Colmenares / Color visión

A casi una semana de la muerte a tiros de una joven pareja cristiana a manos de la policía, la indignación sigue latente. Y es que, tras la destitución de 6 agentes policiales y la investigación de un coronel, la colectividad espera que este caso no quede impune. Hasta tanto, se espera que el caso tome su curso luego de la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados, este miércoles 07 de abril. 

Los hechos

Eran pasadas las 9:30 de la noche del martes 30 de marzo; cuando los esposos Eliza Muñoz de 32 años y Joel Díaz de 37, salían de la comunidad rural de Los Ganchos en Villa Altagracia, luego de un culto religioso. En el vehículo donde se trasladaban, se encontraban también Claudio Ramírez y Carlos José Pérez, integrantes de la misma congregación religiosa. 

Al acercarse al km 45 de la autopista Duarte, en dirección a la capital, son detenidos por agentes policiales; quienes, en la realización de un operativo regular de retén por la búsqueda de una banda delictiva, dieron la voz de alto al vehículo donde se encontraban los hoy occisos. Aparentemente, los delincuentes que eran buscados por la policía se trasladaban en un vehículo de similares características.  

Según los sobrevivientes, Claudio Ramírez y Carlos José Pérez, los oficiales abrieron fuego sin mediar palabra, hiriendo mortalmente a la joven pareja. En la lluvia de balas, fue alcanzado también Ramírez, con un impacto en la espalda. 

La voz de los afectados

Juan Bautista Pujols, pastor que organizó la actividad realizada en la comunidad de Los Ganchos en Villa Altagracia, aun se siente sorprendido por el desenlace de sus visitantes. Para él, como  para muchos en la comunidad cristiana, es palpable la indignación por un hecho de este tipo. El pastor señala que es necesario que recaiga todo el peso de la ley sobre los agentes responsables de este hecho lamentable; y que no lo resuelvan con el traslado de los agentes o la manipulación del caso.

Por su parte, los pastores de la Iglesia Misionera Esperando a Cristo, congregación a la que pertenecían Elisa Muñoz y Joel Díaz; expresan que es un dolor y un vacío muy grande el que dejan esta joven pareja; pues se trataba de dos personas que servían fielmente a Dios y que tenían una amplia vocación de servicio. 

Más impactante aun, es la consternación de los padres y familiares de los fallecidos; quienes todavía no se explican cómo estos dos jóvenes fueron abaleados como delincuentes siendo inocentes. Al respecto, Emérita Marte, madre de Elisa, manifiesta “hubiese preferido morirme yo que pasar por lo que estoy pasando. Ellos acababan de salir de un culto, y no les dieron tiempo de nada. Da pena tanto tiro que tiene ese carro. ¿Tú crees que es justo que dos personas que servían al Señor fueran asesinadas como dos criminales?”. Ante ello, el padre de Elisa, Marino Muñoz añade “el mes pasado fui a entregarla en matrimonio que está recién casada, para ahora venir y tener que enterrarla

Postura de la Policía Nacional 

Edward Sánchez González, director de la Policía Nacional, expresa contundentemente que se trata de un hecho lamentable fuera del marco del protocolo. En sus palabras afirma “al enterarnos que se trataba de víctimas inocentes fue penoso, pues un hecho de esta naturaleza no debió pasar. La policía no está para causar daños a la sociedad o los bienes, sino para proteger vidas y propiedades”. Del hecho, también expresa que al realizarse las investigaciones pertinentes, pudo constatarse que no estaba en peligro la vida de ningún oficial o de particulares, no hubo agresión a la patrulla ni al retén realizado; por lo tanto se trató de un hecho donde uno un exceso en el uso de la fuerza. 

Ante la evaluación de lo sucedido, el director de la PN enfatiza que todos los protocolos de actuación se violaron, pues se trataba de personas desarmadas, no se constató quienes se trasladaban en el vehículo, no hubo  protocolo preventivo de bajar el vidrio, depurar a los ocupantes y desmontarlos del automóvil. 

Sánchez Gonzales también apunto a que internamente todos los protocolos en estos casos fueron activados, se procedió a la desvinculación de los agentes implicados y del coronel que también está siendo investigado. Los acusados fueron puestos a disposición del Ministerio Publico quien tiene competencia en este caso.

Ante los rumores que plantean que se trataba de un operativo para realizar un tumbe a los delincuentes, si se trató o no de un lineamiento del Coronel Cesar Mariñez Lora, y otras interrogantes; el director de la PN manifiesta que son los primeros interesados en que se esclarezca el caso, sin embargo, se trata de pesquisas a cargo del Ministerio Publico. 

Finalmente, el director de la PN agrego “hemos mostrado total transparencia y colaboración en el caso, nuestra intención es hacerlo bien. No queremos defraudar la confianza que el Presidente ha puesto en nosotros, pues estamos en la voluntad política de traer mejoras a nuestras instituciones policiales. Es necesario que la población entienda que no se trata de una política de la institución estos hechos, y que esta situación puede ser útil para mejorar”. 

Los acusados

Sin esposas pero fuertemente custodiados, fueron trasladados los policías acusados del homicidio. El MP está solicitando prisión preventiva en contra del segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes , los cabos Norkis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, así como los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Samuel Obando Solís. 

Aunque no figura en la acusación, el coronel Cesar Mariñez Lora comandante del operativo en el que murió la pareja, fue suspendido de su puesto; y alrededor de él, se ha desatado una investigación en base al historial de castigos, destituciones y traslados que tiene en su hoja de vida policial. Uno de los hechos más resaltantes, es la aparente vinculación de Mariñez Lora en acciones irregulares de negociación y tumbe de drogas incautadas que no se reportaban a las autoridades. 

A falta de investigaciones reales y serias de las irregularidades de este funcionario,  prosiguió sus servicios dentro de la PN sin mayor penalización que acciones disciplinarias. 




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