El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
De persecutores a perseguidos. Esa es situación actual del ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros 6 imputados, tras la denuncia realizada por el Ministerio Publico donde se sostiene que estas personas, quienes fueron llamados a perseguir el delito, se dedicaron a delinquir.
Operación medusa
Con este nombre se denomina la operación que investiga los hechos suscitados en la gestión del ex procurador. Según las acusaciones del Ministerio Publico, bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez, la Procuraduría General de la Republica fue sede de un entramado de corrupción que transformo la misión de la organización en un objetivo inverso.
La solicitud de medidas de coerción de la operación medusa involucra a Rodríguez y a otros 6 ciudadanos, a saber: Rafael Stefano Canó, Jonathan Rodríguez Imbert, Alfredo Solano Augusto, Javier Forteza Ibarra, Víctor Lora Imbert y Alejandro Rosa Yánez. Según las investigaciones de las autoridades, estos 6 imputados tenían vínculos y relaciones cercanas con el ex procurador y servían como colaboradores en las labores de espionaje y soborno.
La operación que comenzó con numerosos allanamientos, pesquisó 10 propiedades vinculadas al ex procurador, una propiedad vinculada a Rosa Yanez, dos propiedades de Forteza Ibarra, tres inmuebles vinculados con Solano Augusto y tres propiedades vinculadas a Canó; encontrando cajas, discos duros, CPU y otros dispositivos electrónicos.
La audiencia de medida de coerción para los imputados presos, está pautada para este jueves a las 10:00 am. Los fiscales dicen contar con más de 8500 páginas de evidencias sobre esta operación, y aún se desconoce si el proceso podrá ser televisado como ha ocurrido en casos anteriores. Solo basta con que uno de los acusados se oponga a la transmisión para que la jueza impida su difusión.
Irregularidades de la gestión de Jean Alain Rodríguez
La acusación interpuesta asegura que, durante la administración de Rodríguez, se utilizaron programas informáticos para espiar empleados de la institución, en franca violación de los derechos fundamentales. A eso se le suma, el espionaje de comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos; con el fin de intimidar, extorsionar y de tener informaciones privilegiadas.
Herramientas informáticas como soft monitore, a través de la función Keylogger, lograron el monitoreo remoto de las computadoras usadas en áreas administrativas del ministerio público; con el objetivo de tomar control de las informaciones personales y de los procesos penales, así como también, facilitar el borrado de información almacenada en los discos duros.
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Según el ministerio público, el borrado intencional de información, afecto la base de datos de la dirección de prisiones, el departamento de extradiciones, despacho, control de evidencias y bienes incautados, contabilidad, tesorería, trasportación y activo fijo entre otras dependencias. El fin era, según los investigadores, eliminar información valiosa de departamentos clave, así como realizar compras de licencias y equipos tecnológicos cuantiosos sin los debidos procedimientos estatales.
Otra irregularidad tecnológica fue la adquisición de un bloqueador de señal y un anti dron supuestamente usados en una villa perteneciente al ex procurador.
Por otra parte, entre los procesos supuestamente fraudulentos de la procuraduría bajo la dirección de Jean Alain Rodríguez, está el beneficio a la empresa Productiva, empresa encargada de montaje de eventos. En las acusaciones realizadas, se evidencia el pago de cuantiosas cifras de dinero a la mencionada empresa sin cumplir cabalmente con los procesos de licitación exigidos por la ley de compras y contrataciones.
Las autoridades también aseguran que durante la gestión del ex procurador, se malgasto dinero sin control alguno, fundamentado en la sustracción de fondos del estado para proyectos de construcción que no estaban debidamente acreditados, ya sea por los estudios de suelo fraudulentos y no apegados a la realidad. Además, se compraron equipos de seguridad a nombre de la procuraduría general sin haber registro del paradero de estos equipos.
La política también se encuentra dentro de las acusaciones, aseverando que durante la gestión de Rodríguez se usaron espacios de la procuraduría como depósito de artículos comprados para proselitismo político a beneficio del movimiento renovación 2020.
Persecución de la corrupción
En medio de la pandemia, el país busca el antídoto contra lo que parece se ha convertido en una enfermedad, la corrupción. Actualmente son más de 500 casos los que están siendo investigados por la nueva administración, donde 370 de estos son heredados de la gestión pasada que finalizo en agosto de 2020. Los ilícitos van desde coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el estado, entre otros.
Tras instalarse la nueva administración, en la procuraduría comenzaron a llover denuncias de todo tipo; las cuales están siendo atendidas por un grupo de alrededor de 50 fiscales; los cuales trabajan en la persecución de la corrupción 16 horas al día los 7 días de la semana, incluyendo feriados. Como si se tratara de un mar de corrupción, las investigaciones realizadas hasta ahora tienen nombres acordes: la operación coral investiga el desfalco de al menos 12 mil millones de dólares, el caso anti pulpo busca los responsables del uso de al menos 100 millones de dólares propiedad del estado, y ahora, la operación medusa, sigue la pista de infractores que aprovecharon sus vínculos como servidores públicos para ganancias personales.
