El Tribunal Constitucional (TC) había emitido la sentencia TC 0765-24, que declaró inconstitucional la Ley 10-15 y otorgó un año al Congreso para aprobar un nuevo Código Procesal Penal
La aprobación del nuevo Código Procesal Penal fue acelerada por obligación constitucional, más que por voluntad política. El Congreso y el Ejecutivo actuaron en tiempo límite para evitar un vacío legal, aunque el proceso dejó abiertas discusiones sobre el alcance de los poderes del Ministerio Público y las garantías para los ciudadanos.
