Patricia Chirinos / Noticias SIN
Redacción.- La fiscalía de Perú recibió desde Brasil un archivo con 334 páginas en las que se revela información de los servidores de Odebrecht con nuevos codinomes de beneficiarios de sobornos de la constructora brasileña a través de la división de Operaciones Estructuradas.
Solo para Perú se revelan 112 nuevos nombres en clave y se les vincula a varios proyectos de infraestructura en esa nación, publica en su sitio web la IDL Reporteros.
«Además, figuran codinomes asociados con pagos diversos ordenados por Jorge Barata, entonces director superintendente de Odebrecht en el Perú, bajo el código “3333-DS JB”; y los pagos ordenados por Marcelo Odebrecht para el financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala, en 2011», indica un medio peruano.
Agrega el diario que estas nuevas revelaciones incluyen “registros muy detallados sobre cómo estaba estructurado y organizado el sistema de pagos ilegales en cada proyecto, y cómo los beneficiarios finales de los sobornos”.
Estos figuran en los documentos “registrados con un seudónimo, estaban vinculados a un proyecto, con una descripción del concepto del pago –bajo el rótulo de un programa específico–, en la mayoría de casos con un balance contable de lo pactado y lo pagado”.
A continuación un fragmento del reporte del diario sobre las revelaciones.
Estas planillas llegaron al Equipo Especial Lava Jato a raíz de una solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez en abril de 2018 a las autoridades brasileñas –vía asistencia de cooperación judicial– , sobre el registro de pagos de sobornos y el financiamiento de campañas políticas que Odebrecht hizo en el contexto de las investigaciones en curso contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular.
La respuesta tardó tres años pero respondió mucho más de lo preguntado.
Brasil envió un paquete voluminoso de información, que no solo contenía los registros vinculados al caso Fujimori – los cuales, según fuentes con conocimiento de causa, corroboraron lo revelado por las investigaciones hasta hoy–, sino también a varios otros proyectos. Y además de la documentación sobre Perú, remitió también pruebas sobre pagos ilegales en otros países de América Latina, como Venezuela, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá y México.
