Por Alicia Ortega de Noticias SIN
SANTO DOMINGO.- Entre 2016 y 2020, un barco de irregularidades parece haber anclado en la Autoridad Portuaria, según una auditoría realizada por la Contraloría General de La República.
De acuerdo a Víctor Gómez Casanova, quien fue director de la institución durante el periodo 2016-2020, desconoce auditoría realizada en Autoridad Portuaria.
“Acabo de ver tu Informe de esta noche, sobre la supuesta auditoría realizada a nuestra gestión en Autoridad Portuaria del 2016 al 2020. Y digo supuesta, porque a mí nadie me ha llamado para preguntarme nada, ni informarme nada, con relación a esos temas que tú acabas de publicar”, manifestó a Noticias SIN.
Puntualizó que de acuerdo a la ley sobre los procesos de auditorías, debe realizarse una comunicación permanente entre los auditores y la parte auditada y no enterarse de la manera que se enteró.
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“Yo me acabo de enterar a través de ti y tu programa de esta noche, cuando la ley establece que sobre los procesos de auditorías, debe haber una comunicación permanente entre los auditores y la parte auditada, para trabajar las discrepancias que pudieran presentarse”, expresó Gómez Casanova.
Solicitará copia de la auditoría
Manifestó que este martes en horas de la mañana, enviará una carta al contralor general de la República y al nuevo director de Portuaria para solicitarles una copia del informe de esa “supuesta auditoria”.
Agregó que está dispuesto a responder cualquier cuestionamiento al respeto y que por eso está dando la cara.
“Yo no me pienso quedar callado, por eso quise venir y dar la cara, y te aseguro que ahora voy a reunirme con mi equipo para responder cualquier cuestionamiento que se haga sobre mi gestión”, precisó.
Dijo que analizará la situación y reunirá todas las documentaciones necesarias para dar respuestas con lujos de detalles al respeto.
“Necesito analizar todo lo que acabas de publicar, para reunir toda la documentación necesaria y poder responder punto por punto, todo lo que has señalado esta noche en El Informe”, concluyó.
El Informe tuvo acceso en exclusiva al documento que revela malas prácticas que van desde nominillas, consumos excesivos con tarjetas de crédito corporativas, evasión fiscal, sustracción de vehículos puestos a su nombre y armas de fuego, contratos millonarios sin licitación y otras anomalías que presuntamente alcanzan los 500 millones de pesos.
