El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
La reventa irregular de servicio de internet se ha convertido en un dolor de cabeza para las empresas de telecomunicaciones. Y es que, ha crecido incipientemente la práctica ilegal, donde los llamados wiferos, contratan el servicio y luego lo revenden.
La pandemia fue el escenario para estos proveedores irregulares de internet, debido a la alta necesidad de interconexión de las personas que no podían salir de sus hogares, y por la población activa en teletrabajo y clases a distancia.
Este negocio ilegal, inició aproximadamente hace 6 años, y, según estimaciones de las telefónicas en el país, en este último año se han creado unas 5000 cuentas de reventa irregular. En cuanto a las ganancias que deja este negocio ilícito, se conoce que puede generar hasta 300.000 pesos mensuales.
¿Cómo revenden ilegalmente internet?
Claudia García, presidente ejecutiva de la asociación de empresas de telecomunicación y tecnología, representa a 7 empresas en el país. García asegura que, como proveedores legales del servicio, se esforzaron por cubrir la demanda que impuso la digitalización acelerada de la sociedad. Sin embargo, acoto que “en muchos sectores populares, la población no podía costear estos servicios y fue allí donde estas personas vieron la oportunidad e incurrieron en prácticas ilegales”.
Asimismo, García explica que estas personas contratan un servicio a título personal a una de las prestadoras de servicios establecida, y a través de equipos como router, radio bases y cables que no son homologados, ni están aprobados por el INDOTEL, convierten un servicio fijo en inalámbrico para servir a usuarios finales, sin contar con la licencia o la concesión; además sin estar inscritos en el registro especial del INDOTEL para hacer esa actividad.
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Por su parte, Charlie Tejada, ingeniero en sistemas, redes e infraestructura, manifiesta que estas personas “realmente no venden WIFI, ellos venden servicio de internet inalámbrico. Donde la persona que compra el servicio no sabe de qué manera lo están conectando, solo sabe que le llega internet”. Además de ello, Tejada afirma que muchos jóvenes están dedicándose actualmente a esto, sacando ventaja de ello.
Esta práctica implica exposición a riesgos a estos jóvenes, quienes, sin ser técnicos, suben altas torres para conectar varios puntos de hasta 15 Km a la redonda, con la intención de proveer internet de manera ilícita en los barrios populosos.
Los wiferos y las empresas de telecomunicaciones
Para Claudia García, se trata de una práctica de competencia desleal, pues se confunde al público al vender la idea de que los servicios ilegales llegan donde las telefónicas no lo hacen. También apunta a que se trata de un tema ético y moral, pues la ley general de telecomunicaciones califica como falta muy grave, la prestación de un servicio de telecomunicaciones sin la debida autorización concesión o inscripción; siendo esta una situación de flagrante delito que permite que estas personas operen con impunidad.
Personas como Robin Marte, de la empresa de equipos tecnológicos RMT, abogan por la regularización y legalización de los wiferos, abriendo así puertos de empleos, tomando en cuenta la alta tasa de desempleo que agobia el país.
Para regularizarse, los wiferos deben suscribir un contrato de reventa con una prestadora de servicio, inscribirse en el INDOTEL, en el registro especial de revendedores con base en el contrato firmado y comprar capacidad en los planes de reventa para poder distribuir a usuarios finales. Este procedimiento puede ser costoso, pero necesario para evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de la prestación de ese servicio.
Por su parte, el INDOTEL, el órgano regulador de este sector, expuso por escrito a El Informe, que tras varias denuncias de las grandes empresas, se encuentran trabajando en una modificación al reglamento de reventa de servicio de telecomunicaciones. Todo ello, en aras de adecuar el mismo a la evolución que ha tenido ese mercado en la República Dominicana; asegurando su vez que los servicios sean prestados bajo las prerrogativas establecidas en la ley.
