Los condenados también deberán pagar una indemnización de cinco millones de pesos a las víctimas.
La Unidad Antisecuestro, dependencia de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ha logrado condenas de 37 años de prisión en total para los miembros de una red de secuestros exprés que operaba en los sectores de La Ciénaga y Guachupita, en el Distrito Nacional.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las magistradas Arlin B. Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, acogió la acusación presentada por el Ministerio Público. Se demostró que los integrantes de esta red se constituyeron en una asociación de malhechores, cometiendo robo agravado con violencia y porte ilegal de armas de fuego.
Gracias a las contundentes pruebas presentadas, el tribunal dictó las siguientes sentencias:
- 15 años de prisión para Enmanuel Antonio Almarante Medrano y el ciudadano venezolano Yildre Mejía Villa Rue.
- 7 años de reclusión para Yéssica Estrella Féliz.
Los condenados también deberán pagar una indemnización de cinco millones de pesos a las víctimas, quienes fueron asistidas por la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La red criminal se dedicaba a atraer a hombres a través de las redes sociales Tinder, Grindr, Bumble y Badoo para encuentros íntimos. Una vez las víctimas acudían a los encuentros, eran interceptadas por hombres armados que les robaban sus pertenencias y les privaban de su libertad durante aproximadamente tres horas. Entre los objetos robados se incluyen cadenas, guillos y anillos de oro, celulares iPhone, bocinas de vehículos tipo kitipó, dinero en efectivo y transferencias bancarias, con un valor total de un millón de pesos.
El Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional (Destacamento C2 de María Auxiliadora) y la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (DEICROI), recuperó parte de las pertenencias robadas, que habían sido vendidas en compraventas y plazas comerciales.
Las cinco víctimas, cuyos nombres se omiten para proteger su integridad, fueron agredidas físicamente, amenazadas de muerte y maltratadas psicológicamente en incidentes ocurridos entre el 10 de octubre y el 23 de diciembre de 2022.
Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, acompañada del fiscal litigante Claudio Cordero, destacó el trabajo de la Unidad Antisecuestro en estos casos, bajo la dirección de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Nova Cabrera exhortó a la ciudadanía a denunciar estos hechos para garantizar sentencias ejemplares.
