El fiscal Emanuel Ramírez, en nombre del órgano acusador, ha respaldado la decisión del juez Amauri Martínez durante la audiencia de revisión de la medida de coerción.
Por: La redacción
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha rechazado el pedido de variación de medida de coerción presentado por Javier Alejandro Forteza Ibarra, manteniendo así el arresto domiciliario impuesto por su presunta implicación en actos de corrupción administrativa relacionados con el expediente de la Operación Medusa.
El fiscal Emanuel Ramírez, en nombre del órgano acusador, ha respaldado la decisión del juez Amauri Martínez durante la audiencia de revisión de la medida de coerción en el proceso judicial de la Operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Ramírez afirmó: «El tribunal, en su decisión, ratificó el arresto domiciliario como medida de coerción, considerando que persiste el riesgo de fuga, así como la gravedad de los hechos imputados y el daño social causado».
En febrero de 2023, a Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, se le cambió la prisión preventiva que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres por arresto domiciliario, una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, y el impedimento de salir del país.
IMPUTACIONES
El Ministerio Público acusa a Forteza Ibarra en el expediente de la Operación Medusa por el borrado, alteración de datos y sabotaje de la data digital de la Procuraduría General de la República (PGR), así como por usar su cargo para estafar al Estado dominicano y sobornar a servidores públicos y entidades financieras.
En este proceso, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de varios delitos, incluyendo funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Además del exprocurador Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
