El gobierno y el principal frente de protestas en Colombia se reencuentran este martes en la mesa de diálogos, con profundas diferencias de por medio que han impedido apaciguar el estallido social que deja casi 60 muertos en un mes de manifestaciones.
Enfrentadas por la violencia que ha rodeado las movilizaciones, las partes prevén retomar los acercamientos a partir de las 09H00 (14H00 GMT) en una sede neutral en el oeste de Bogotá.
Los delegados del presidente Iván Duque y del Comité del Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas, han sostenido varias rondas de conversaciones desde el 7 de mayo, sin alcanzar un acuerdo para iniciar negociaciones.
Si bien se trata del colectivo más visible, el comité no aglutina a todos los sectores descontentos con la gestión del impopular Duque, quien enfrenta la ira popular a un año de las elecciones de las que deberá salir su sucesor. No obstante, un eventual acuerdo con esa organización es visto como un paso hacia desactivar la crisis.
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«Estamos listos para iniciar esa negociación», dijo el lunes el delegado presidencial Emilio Archila.
El último encuentro entre los representantes fue el pasado domingo, cuando el país todavía procesaba la jornada más violenta en la prolongada crisis, que detonó con la ya descartada idea del gobierno de cargar con impuestos a una clase media empobrecida por la pandemia.
El viernes 28, mientras miles conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular, 13 personas murieron en Cali, la tercera ciudad de Colombia y una de las más afectadas por las movilizaciones y los bloqueos viales.
Ese día hubo choques que involucraron a manifestantes, uniformados y civiles armados hasta con fusiles que dispararon en presencia de la policía, lo que ha hecho temer que fuerzas paraestatales estén cobrando protagonismo en la volátil coyuntura.
En un mes de protestas han muerto 59 personas, según reportes de la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) y de autoridades civiles. La fiscalía sostiene que 20 de estos casos «guardan relación directa con las manifestaciones»
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió una investigación «independiente» sobre los ataques que segaron vidas en Cali.
Posiciones alejadas
A raíz de lo ocurrido el viernes, Duque ordenó el despliegue de tropas en Cali y otros puntos del país bajo la figura de la «asistencia militar», que faculta al ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía, muy cuestionada local e internacionalmente por los abusos contra los manifestantes.
Los jóvenes que están en las calles abogan por un Estado más solidario para hacer frente al desempleo, la deserción escolar y demás estragos que trajo la pandemia, que avanza implacable rompiendo récords diarios de muertes y contagios.
El gobierno y su contraparte chocaron desde el comienzo por la violencia que rodea el primer gran levantamiento popular desde el acuerdo de paz de 2016, que condujo al desarme de la extinta guerrilla de las FARC, hoy partido político Comunes.
Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y «garantías para la protesta», mientras el presidente Duque quiere que se rechace sin ambages los cierres viales que causan desabastecimiento y han alcanzado a las misiones médicas.
El gobierno atribuye a estos bloqueos la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias y millonarias pérdidas económicas.
«El comité debe señalar que los bloqueos no son una forma de protesta, no son admisibles (…) Esperamos que ellos condenen eso, que señalen que no es una forma de protesta pacífica», insistió Archila.
Las fuerzas sociales, que se oponen a la militarización, también claman por una rechazo explícito de los excesos policiales.
«No se pueden seguir viendo videos donde la fuerza pública le dispara a los manifestantes; donde personal civil le dispara a los manifestantes», sostuvo Francisco Maltés, líder obrero y portavoz del comité.
Mientras tanto, el inconformismo sigue expandiéndose por el país, con nuevos focos de protesta y choques con la fuerza pública encendiéndose en el municipio de Facatativá, vecino de Bogotá, y en el pequeño poblado de Villagarzón, en zona fronteriza con Ecuador, donde un indígena murió el lunes por un disparo en medio de una manifestación.
