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Por Elodie CUZIN y Thomas WATKINS
Procedimientos legales o quizá comisiones investigadoras: absuelto por el Senado en un juicio político, el expresidente estadounidense Donald Trump aún podría ser responsabilizado por los eventos del 6 de enero en el Capitolio.
«Aún responsable»
Ante el Senado, los legisladores demócratas que fungieron de fiscales buscaron demostrar que el 45° presidente de Estados Unidos había incitado a la violencia con meses de «mentiras», negando su derrota en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre contra Joe Biden, y luego en su discurso ante miles de simpatizantes en Washington el día del asalto al Capitolio.
«Luchen como el demonio», les dijo, mientras los parlamentarios certificaban la victoria de su rival demócrata.
Donald Trump niega cualquier responsabilidad por estos hechos y sus abogados destacaron que, en una ocasión durante ese discurso, pidió manifestaciones «pacíficas».
Aunque lo absolvió en el Senado porque sintió que la Cámara Alta carecía de competencia para juzgarlo, el poderoso líder republicano, Mitch McConnell, planteó tras el proceso la amenaza de acciones legales.
«No hay duda, no, de que el presidente Trump es, de hecho y moralmente, responsable», dijo en la cámara.
«Todavía es responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. Aún no ha escapado de nada».
De acuerdo a un sondeo de Quinnipiac publicado el domingo, el 45% de los estadounidenses piensa que Trump es responsable de la violencia y debería hacer frente a demandas penales.
Procedimientos legales
Pero en realidad, una condena en un tribunal parece difícil.
«Todos esos expertos legales que dijeron que era un caso muy sencillo de ‘incitación’, bueno, esta es su oportunidad de probarlo», ironizó Jonathan Turley en la cadena Fox News el domingo.
«Realmente dudo que [las acusaciones] puedan sobrevivir, si no un juicio, al menos una sentencia en apelación. Creo que el caso colapsaría», dijo el profesor de derecho constitucional de la Universidad George Washington.
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Una condena parece aún más complicada dado que el discurso del presidente del 6 de enero podría estar protegido por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Sin embargo, el fiscal general de distrito del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, Karl Racine, advirtió que podía apoyarse en una ley local que permite el enjuiciamiento «contra personas que obviamente fomentan» la violencia.
En este contexto, Trump se arriesgaría a seis meses de prisión, explicó en MSNBC el 17 de enero.
Por su parte, el fiscal federal de Washington, Michael Sherwin, ya ha procesado a decenas de personas por su papel en los disturbios. Y algunas víctimas, en teoría, podrían lanzar acciones legales contra el expresidente.
Pero el multimillonario podría estar protegido en parte por el hecho de que era presidente en el momento de los hechos.
Presiones en Georgia
Otra ruta legal pasa por el estado clave de Georgia, ganado por Joe Biden.
Una fiscal anunció el 10 de febrero la apertura de una investigación preliminar sobre «intentos de influir en las operaciones electorales» en este estado sureño.
La fiscal del condado de Fulton, que cubre en parte a Atlanta, Fani Willis, pidió en particular a varios altos funcionarios que «conservaran todos los documentos» que «prueban los intentos de influir» en los funcionarios electorales. Entre ellos: el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger.
En una llamada telefónica que se hizo pública el 3 de enero, Trump le pidió a Raffensperger que «encontrara» casi 12.000 sufragios a su nombre, lo suficiente para derrotar a Biden en el estado.
© Agence France-Presse / Color Visión
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