El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
Siguen apareciendo pruebas incriminatorias hacia el entramado societario que proveía de alimentos a los privados de libertad del país. Luego de la emisión pasada de El Informe, donde se mostraba los resultados de la investigación periodística que incriminaba a varias empresas, pudo conocerse que al menos 7, de las 10 empresas involucradas, incurrían en irregularidades y falsedades en documentos; además, estas empresas entregaron alimentos de mala calidad y en menor proporción de lo acordado, dando lugar a una estafa que sumo millones a sus bolsillos.
Jugosos contratos
Ante la serie de denuncias recibidas por El Informe, se buscó confirmar la existencia de las empresas adjudicadas con contratos millonarios por la procuraduría en el último tramo de la gestión de Jean Alain Rodríguez; contratos cuyos montos se duplicaron entre 2017 y 2020, pasando de 532 millones a 999 millones. Esto fue producto de la duplicación, triplicación y hasta aumentos de casi un 600% en presupuestos consignados al pliego de la licitación para dichos contratos.
En más de 10 recintos penitenciarios, aumento el monto del presupuesto, a pesar de que el número de reos casi no vario y la inflación de 2018 se situó en 3.5%, disminuyendo a 1.81 % en 2019. Entre las empresas ganadoras en la última licitación que ascendió a casi mil millones de pesos, se encuentran Hermosillo Comercial, con 94.6 millones; SDM Group con 88.5 millones, ASOCAOBA con 68.1 millones; siendo estas tres empresas operativas y funcionales. Por su parte, Ropalma fue acreedora de 95.4 millones, Rogama gano un contrato de 95.9 millones, Distribuidora Ropi con 96.3 millones, Divamor Group con 95.8 millones, Comercial Viaros con 99.1 millones, F&F Ezel Import con 97.2 millones, e Inversiones Zwaziland con 104.6 millones.
7 de estas últimas, se descubrió que se encuentran vinculadas, y tenían afiliación a tres empresas desde 2016. Como cabecillas de este entramado, relucen los nombres de Sargento Mayor del Ejército José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, quienes directa o indirectamente participaban en la sociedad accionaria, involucrando también a sus madres y un suegro.
Luego de lograr los contratos millonarios, el fraude estaba en el suministro incompleto de los rubros; además de que se despachaban productos fermentados y de mala calidad.
Empresas fantasmas
Al confirmar los negocios, y culminar los contratos con la procuraduría general de la república, muchas de las empresas beneficiadas parecían empresas fantasmas.
Al verificar la información que fue asentada por las empresas para la licitación, muchas de ellas no estaban ubicadas en la dirección indicada en el documento; así mismo, los números telefónicos no correspondían a las mismas. Además de ello, facturas, requisitos legales, firmas y nombres fueron falsificados o violentados. Por otra parte, muchos de los beneficiarios o aparentes accionarios de las compañías, manifestaron desconocer las actividades fraudulentas de este entramado.
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Entre otras de las irregularidades presentes, es la participación activa de Estrada Jackson con diferentes funciones. Además de la emisión de cheques con la misma caligrafía, una empresa de fumigación, prestaba servicios a 4 de las empresas y pagaban con un solo cheque global.
Responsabilidad de la comisión
El comité de licitaciones que escogió a todas las empresas mencionadas, también incluía a Jonathan Rodríguez Invert, actual imputado por la operación medusa junto al ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Para el abogado Francisco Álvarez Martínez, experto en la ley 340 de compras y licitaciones, cuando se presentan estas propuestas, cada una debe ser evaluada de manera única; verificando que la información suministrada es verídica. Asimismo, el jurista menciona que estas irregularidades dejan en evidencia que la responsabilidad del comité, yace en la falta de verificación del funcionamiento material de estas empresas y una depuración inadecuada en los procesos de licitación. Ante ello, asegura que ninguno de los miembros del comité queda exento de responsabilidad, más aún si se constata que la verificación se hizo de manera fraudulenta, acarreando consigo consecuencias penales.
Impunidad evidente
Los cabecillas del entramado societario no aparecen, y no han contestado las llamadas realizadas por El Informe; aparentemente, se debe a que tienen bloqueados los números del programa para estar alertados de cualquier intento de comunicación con ellos.
Paradójicamente, entre junio y octubre de este año, 4 de las empresas involucradas (Ropi, Rogama, Viaros y F&F Ezel) han ganado contratos valorados en 27.5 millones de pesos para la alimentación de los privados de libertad del país, aun cuando sus empresas parezcan inoperantes y haya a su alrededor irregularidades de operatividad.
