Decenas de artistas y cientos de técnicos, quienes han invertido tiempo y recursos en la preparación de eventos desde hace varias semanas, se han visto sorprendidos por la decisión gubernamental, la cual entienden es arbitraria.
Por: La redacción
En respuesta a la reciente disposición gubernamental que prohíbe las festividades públicas y privadas durante la Semana Santa, los productores y empresarios artísticos del país han emitido un comunicado urgente solicitando a las autoridades que reconsideren esta medida.
En el comunicado conjunto, los empresarios artísticos y de eventos han catalogado las medidas como discriminatorias, clasistas, arbitrarias y atentatorias al derecho a la libre empresa. Además, destacan que estas decisiones violan procesos burocráticos y administrativos.
Decenas de artistas y cientos de técnicos, quienes han invertido tiempo y recursos en la preparación de eventos desde hace varias semanas, se han visto sorprendidos por la decisión gubernamental, la cual entienden es arbitraria.
Según estimaciones del sector, la inversión total realizada hasta el momento asciende a más de 200 millones de pesos, lo que resalta la magnitud del impacto económico y logístico de esta prohibición.
En una muestra de unidad y determinación, los productores, promotores y técnicos manifestaron su profunda preocupación y solicitaron a las autoridades competentes reconsiderar esa medida.
Los representantes del sector artístico y técnico destacaron la importancia de sus actividades durante Semana Santa, no solo como una fuente de ingresos vital para muchos, sino también como un motor para la economía local y un incentivo para el turismo en el país.
«Estamos comprometidos con el desarrollo cultural y económico de nuestra nación, y es por eso que pedimos al Gobierno que nos permita seguir adelante con nuestros eventos planificados para Semana Santa», afirmaron en el documento.
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, anunció ayer que el Gobierno prohibió todo tipo de espectáculos en las playas y otros balnearios, para evitar algún impacto negativo al turismo, así como también garantizar seguridad en esas zonas.
El alto cargo dijo, además, que «es una forma de llevar más seguridad a la población, ya que también ayuda a mantener el orden público, el bienestar comunitario y por supuesto evitar cualquier impacto negativo en el turismo».
