ARGENTINA.- El expresidente de Bolivia Evo Morales aseguró este miércoles desde Argentina, donde se instaló la semana pasada y pidió ser refugiado, que la orden de detención dictada en su contra por la Fiscalía boliviana es “injusta, ilegal e inconstitucional”.
Tras “14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”, expresó el exmandatario en Twitter el mismo día del aniversario de su victoria electoral en 2005.
Poco antes, el ministro interino de Gobierno (Interior) de Bolivia, Arturo Murillo, compartió en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.
El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarle de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir del Bolivia el pasado 11 de noviembre.
La denuncia se sustenta en pruebas como un video en el que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.
Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.
Morales llegó a Buenos Aires el jueves pasado procedente de México e inició los trámites para ser acogido como refugiado.
Ese día, el canciller argentino, Felipe Solá, dijo que el Gobierno de Alberto Fernández aceptará la solicitud de Morales al considerarlo un “perseguido” y víctima de un “golpe de Estado” y declaró que desde el momento en que alguien solicita ser refugiado se imposibilita “cualquier posibilidad de extradición”.
No obstante, la guía de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) -organismo que depende del Ministerio del Interior y se encarga de estudiar las peticiones- remarca que entre los derechos de las personas que obtienen esa condición está “no ser devueltos, expulsados o extraditados al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro”.
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, tras publicarse esa misma jornada un informe previo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que advertía de “graves irregulares” en las elecciones del 20 de octubre en las que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.
Por: Agencias| Noticias SIN
