BRASIL.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cumplió este jueves 300 días en prisión, fecha que coincide con el término del plazo para las nominaciones de posibles aspirantes al Premio Nobel de la Paz, para el que el Partido de los Trabajadores (PT) protagonizó una intensa campaña a favor de Lula.
El expresidente está recluido desde el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde cumple una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero.
A lo largo de diez meses, el exlíder sindical recibió centenares de visitas, entre ellas el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, el eurodiputado italiano Roberto Gualtieri y el exmandatario del Partido Social Demócrata alemán Martin Schulz.
En 1980, Lula (2003-2010) pasó 31 días encarcelado por haber desafiado la dictadura militar (1964-1985) que comandaba el país en aquel entonces, y, cuatro décadas después, alega que ha vuelto a ser un “preso político”.
Bajo esta consigna, el Partido de los Trabajadores se unió a la campaña iniciada por el ganador del Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, e intensificó los clamores para que Lula sea candidato al galardón este año.
Asimismo, la formación divulgó este jueves una nota en la que asegura que, en los 300 días de encarcelamiento, la única “certeza” es que Lula es un “preso político”.
El PT justificó su afirmación al considerar que el expresidente tuvo sus derechos constitucionales negados al ser impedido de comparecer al funeral de su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, fallecido el martes a los 79 años a raíz de un raro tipo de cáncer.
“El expresidente vive el capítulo más doloroso de esta historia hasta el momento: la imposibilidad del adiós a su hermano Vavá”, expresó el partido.
Tras conocer la noticia de la muerte de su hermano, Lula solicitó a la Justicia un permiso para salir temporalmente de la prisión y así poder dar su último adiós a Vavá, basado en el Código de Ejecución Penal brasileño que establece que los condenados “podrán obtener el permiso para salir del establecimiento” en caso de “fallecimiento o enfermedad grave del cónyuge, compañera, ascendiente, descendiente o hermano”.
No obstante, ante la petición de la defensa de Lula, la jueza responsable del caso, Carolina Lebbos, destacó que, según el Código, “el permiso de salida será concedido por el director del establecimiento donde se encuentra el preso”, por lo que determinó que el superintendente de la Policía Federal de Curitiba se manifestara sobre el pedido.
El director, Luciano Flores de Lima, afirmó por su parte que la salida de Lula no sería posible por cuestiones de “logística” y “seguridad”, de modo que Lebbos negó la solicitud de los abogados del expresidente.
Después de que un tribunal de segunda instancia igualmente rechazara el pedido, la Corte Suprema de Brasil intercedió y finalmente autorizó que Lula despidiera a su hermano, minutos antes de su entierro, y se encontrara con su familia.
Entre ida y venidas judiciales, el exjefe de Estado decidió permanecer en su celda, pues consideró que “no tiene motivos para encontrarse a escondidas con su familia como si eso fuese un favor de la Fiscalía y de la Justicia”, según explicó el diputado Paulo Pimenta, un importante dirigente del Partido de los Trabajadores.
Además de la condena, Lula responde por otros procesos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción.
