El Informe. Transmitido por Color visión en vivo
Por: Luz Colmenares / Color visión
La construcción de la autovía del nordeste, desde sus inicios, ha estado envuelta en sombras. Hoy, tras 10 meses de que el estado dominicano solicitará un análisis al contrato de la construcción de la autovía, salen a relucir las irregularidades y acuerdos ilegales que le costaban al estado millones de pesos anuales.
Los más de 120 km de asfalto rodeado de vegetación de la autovía del nordeste, no son capaces en sí mismos de eludir el dolor de cabeza que representaba el contrato que tenía vigencia hasta el año 2038, parecía un calvario imposible de zafarse.
Revisión del contrato
El grupo de abogados encabezado por Emmanuel Esquea Guerrero realizaron un análisis del contrato suscrito en el año 2002. Para ello, recopilaron documentación del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas, el Congreso, la Tesorería Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos.
El informe de 150 páginas deja constancia de que la licitación se remonta al año 1998, y desde sus inicios manifiesta violaciones de la ley. El informe detalla que en el año 2002 no se realizó el proceso de licitación correspondiente sino que se otorgó el beneficio a la concesionaria que ya había ganado la licitación en el año 1999.
Así mismo, el contrato se limitaba a la construcción del primer tramo que era la autopista de las Américas hasta el rincón del Molinillo; no obstante, también se construyó el Boulevard Turístico del Atlántico aunque este no estaba dentro del contrato y se consideró una extensión del primero.
Además de ello, en el informe se detalla que el contrato de construcción, financiamiento y operación suscrito el 18 de julio de 2001 viola los artículos 56 y 60 del código de comercio, al permitir que se involucrara a una sociedad sin personalidad jurídica; lo que indudablemente invalidaba el contrato y no fue investigado por las autoridades de turno.
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Según Esquea Guerrero, luego de su revisión, le parece curioso que en el contrato no hubiese ningún artículo con referencia al financiamiento y la tasa de interés. La evaluación da cuenta que el consorcio de Nordeste, ganó la licitación porque ofertó un interés del 6% pero este monto sobre los intereses por financiamiento no es visible en el contrato.
Otra de las anomalías, es que fueron beneficiadas dos empresas colombianas que no participaron en la licitación, argumentando que ellas financiarían el proyecto por los 86.000.000 millones de dólares que tenían aprobados.
Tampoco se cumplió el financiamiento del 100% de la obra, siendo el estado dominicano el adjudicado con 6.000.000 millones de dólares para material asfáltico. En palabras de Esquea Guerrero “todo era con una conveniencia de las autoridades de turno, el contrato siempre beneficio al consorcio extranjero, todo lo que pedían se lo daban. Regularmente se modificaban las condiciones del contrato para beneficiarlos a ellos y nunca hubo una modificación contractual en favor del estado dominicano”.
El contrato actualmente
El 20 de julio de este año, Esquea Guerrero envió su informe al ejecutivo. A partir de entonces, el estado comenzó una negociación de 5 meses que culminó este jueves con el anuncio de la terminación del contrato, y la reducción a partir de enero de 2022 de un 20% en el precio del peaje.
Esto fue anunciado por el presidente Luis Abinader, considerándolo en sí mismo, un acuerdo amigable para la terminación anticipada de la concesión. El mandatario expresó que “este acuerdo le generará un ahorro al estado, y a todos los dominicanos, de aproximadamente 1.500 millones de dólares. El pago de miles y millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial ha terminado, ya no habrá más gastos sino un ahorro”.
De manera general, si se proyectan los años de vigencia que le quedaban al contrato, el estado dominicano habría tenido que pagar alrededor de 6 veces el costo total de la construcción de la obra.
Por otro lado, aún no se habla de las posibles consecuencias legales para los involucrados en la concesión del contrato y sus avengas. Sin embargo, en el informe entregado por Esquea Guerrero, se sugiere remitir el expediente al ministerio público; pues muestra manejo doloso, negociaciones perjudiciales para el estado, y presunción de beneficios personales para los funcionarios de turno.
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