El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo no había visto indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont en esta causa, como proponía García-Castellón.
Por: La redacción
Madrid feb (EFE).- La Junta de Fiscales de Sala ha acordado este martes investigar por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic como propone el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, al rechazar el borrador del fiscal del Tribunal Supremo que pedía lo contrario.
El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo no había visto indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont en esta causa, como proponía García-Castellón.
Una amplia mayoría vota en contra del informe de Redondo
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que una amplia mayoría de los quince fiscales que componen la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal, donde las decisiones se toman por mayoría, han votado en contra del informe del fiscal del Supremo Álvaro Redondo.
Además, doce fiscales aprecian indicios de terrorismo en los hechos vinculados con Tsunami Democrátic y once que esos mismos hechos se pueden atribuir a los dos aforados, estos son, Puigdemont y el diputado catalán Rubén Wagensber, que ahora se encuentra en Suiza.
La número 2 de la Fiscalía decidirá
La teniente fiscal del Supremo y número 2 de la Fiscalía General, María Ángeles Sánchez Conde, resolverá si el Ministerio Fiscal propone al Alto Tribunal investigar por terrorismo a Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic, ante las discrepancias en el seno de la carrera fiscal.
El artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que “los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe” de la Junta de Fiscales.
Pero ocurre que en la votación de este martes los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han expresado posturas contradictorias, el primero (uno de los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’) a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont, y el segundo lo contrario.
Ante este escenario, el mismo artículo 24 precisa que “si esta opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes deberá someter ambas a su superior jerárquico”.
Y eso es precisamente lo que ha sucedido, por lo que corresponde a Sánchez Conde, mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fijar la postura definitiva que elevará ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Además, ella tiene que unificar criterio no solo entre los fiscales del Supremo, con una mayoría que sí aprecia terrorismo, sino también teniendo en cuenta la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que descarta de plano que los disturbios ocurridos tras conocerse la sentencia del ‘procés’ en octubre de 2019 sean constitutivos de este delito.
