Patricia Chirinos / Noticias SIN
SANTO DOMINGO.-Uno de los fiscales en Perú que investiga el caso de soborno Odebrecht, José Pérez Gómez, aseguró que si las autoridades dominicanas solicitan información a ellos vía el Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional, quedaría a criterio de la fiscalía de disponer la colaboración, y si el visto es bueno, pueden colaborar como lo han hecho con otros países.
“Si algún procurador o fiscal de República Dominicana lo solicita, lo tiene que canalizar a través del Procedimiento de Cooperación Judicial Internacional y si existiera ese pedido, eso va quedar a criterio de evaluación de la fiscalía de Perú, en general, nosotros hemos atendido los pedidos que nos han formulado distintas autoridades de latinoamérica, entendemos que el canal correspondiente es este”, expresó.
La lista de 112 codinomes o nombres en clave que usaba Odebrecht para hacer pagos clandestinos, que incluye a la República Dominicana, abre la puerta para las autoridades dominicanas reabran caso.
Las evidencias fueron entregadas desde Brasil a Perú mediante el proceso de colaboración eficaz o relación premiada que obliga a la constructora brasileña Noberto Odebrecht entregar información sobre el caso.
A continuación un fragmento del reporte del diario sobre las revelaciones.
Estas planillas llegaron al Equipo Especial Lava Jato a raíz de una solicitud hecha por el fiscal José Domingo Pérez en abril de 2018 a las autoridades brasileñas –vía asistencia de cooperación judicial– , sobre el registro de pagos de sobornos y el financiamiento de campañas políticas que Odebrecht hizo en el contexto de las investigaciones en curso contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular.
La respuesta tardó tres años pero respondió mucho más de lo preguntado.
Brasil envió un paquete voluminoso de información, que no solo contenía los registros vinculados al caso Fujimori – los cuales, según fuentes con conocimiento de causa, corroboraron lo revelado por las investigaciones hasta hoy–, sino también a varios otros proyectos. Y además de la documentación sobre Perú, remitió también pruebas sobre pagos ilegales en otros países de América Latina, como Venezuela, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá y México.
