La demanda, respaldada por la Ley Antiterrorismo de EE. UU., busca indemnización por los daños sufridos por Holt y su familia, quienes enfrentaron condiciones inhumanas mientras estuvieron detenidos.
Por: La redacción
Un hombre de Utah, Joshua Holt, que estuvo injustamente recluido durante casi dos años en una prisión de Venezuela, ha emprendido acciones legales contra el presidente Nicolás Maduro, acusándolo de liderar una «organización delictiva» responsable de secuestros, torturas y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses.
La denuncia presentada por Holt en una corte federal de Miami es el último episodio en una serie de demandas contra el gobierno de Maduro, alegando vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designadas como grupo terrorista por Estados Unidos.
La demanda, respaldada por la Ley Antiterrorismo de EE. UU., busca indemnización por los daños sufridos por Holt y su familia, quienes enfrentaron condiciones inhumanas mientras estuvieron detenidos. Holt relata cómo fue sometido a una ejecución falsa y condiciones de vida inhumanas, perdiendo peso y sufriendo múltiples problemas de salud sin recibir atención médica adecuada.
A pesar de su liberación en 2018, Holt y su familia continúan experimentando traumas psicológicos, incluidos trastornos de ansiedad, insomnio y depresión. La muerte de Laurie Holt en 2019, atribuida al estrés prolongado, subraya la gravedad de los impactos emocionales y físicos de su encarcelamiento injusto.
Esta demanda se suma a otras exitosas acciones legales contra el régimen de Maduro, aunque el desafío de asegurar la compensación financiera sigue siendo una tarea difícil debido a la opacidad en la gestión de los activos del gobierno venezolano y sus allegados.
La inclusión de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, en la denuncia de Holt destaca la complejidad de los vínculos financieros y la búsqueda de responsabilidad legal en casos de violaciones de derechos humanos.
A medida que más víctimas de la represión del régimen de Maduro buscan justicia, se intensifica la presión internacional para responsabilizar a aquellos que perpetran abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
