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Cinco iraquíes condenados por «terrorismo» fueron ejecutados el martes en la prisión de Nasiriya (sur), con lo que prosigue la serie de penas capitales en Irak, uno de los países del mundo que más las aplica.
En el caso de estos cinco condenados, la justicia había recibido además una ratificación de la sentencia por parte de la presidencia.
Esta firma presidencial es indispensable y ya ha ratificado más de 340 ejecuciones pendientes por «terrorismo u otros actos criminales», por lo que más ahorcamientos podrían tener lugar en cualquier momento.
Estos documentos fueron firmados desde 2014, la mayoría bajo la presidencia de Fuad Masum, en el apogeo de la ofensiva del grupo yihadista Estado islámico (EI) en Irak. Las ratificaciones prosiguieron bajo el mandato iniciado en 2018 por Barham Saleh, conocido por ser, a título personal, contrario a la pena de muerte.
Irak llevó a cabo en 2019 una de cada siete ejecuciones que se realizan en el mundo, lo que implica que hubo unos 100 ejecutados. El país suele acelerar las penas capitales después de un atentado que haya conmocionado a la opinión pública, como es el caso ahora, tras el ataque de mediados de enero en Bagdad, que dejó más de 30 muertos.
«Venganza»
Decenas de iraquíes se manifestaron en Nasiriya reclamando «venganza» para las familias de los «mártires» asesinados por los yihadistas.
El atentado de Bagdad, reivindicado por el EI, causó conmoción en una población habituada a una relativa tranquilidad desde la derrota militar del grupo yihadista a fines de 2017.
Poco después, una serie de ataques dejaron una decena de muertos entre las filas del ejército, al norte de Bagdad, exacerbando la emoción y las tensiones en el país.
Para los defensores de los derechos humanos, la pena de muerte es un «instrumento político» en Irak para dirigentes sometidos a la presión de una opinión pública que pide venganza, y unos aparatos político, judicial y de seguridad incapaces de frenar los atentados.
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Para la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hay en Irak «frecuentes violaciones de los derechos a un proceso justo, una representación jurídica ineficaz (…) y numerosas acusaciones de tortura y malos tratos».
Por tanto, la aplicación de la pena de muerte puede ser considerada en Irak como una «privación arbitraria de la vida por parte del Estado», aseguró Bachelet a fines de 2020.
La comunidad internacional llevó a cabo una campaña en noviembre tras la ejecución de 21 condenados, casi todos por «terrorismo», y cuando circulaban informaciones sobre un posible calendario acelerado de ejecuciones en Irak.
Irak es el cuarto país en ejecutar a más condenados, por detrás de China, Irán y Arabia Saudita, según Amnistía Internacional.
© Agence France-Presse / Color Visión
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