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POR: NOTICIAS SIN
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ordenó aplicar un localizador electrónico a Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), someterse a la vigilancia presencial, por tres meses de arresto domiciliario y 10 millones de pesos como garantía económica e impedimento de salida.
Mientras que a Germosén, excontralor, el Ministerio Público impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país. También, contra Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública.
Carmen Magalys y Germosén Andújar fueron trasladados a sus residencias, donde iniciarán el arresto bajo la supervisión permanente de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).
Germán Brito dio las instrucciones a la magistrada Lagombra Polanco mediante una comunicación donde le dispone proceder con el cumplimiento de la Resolución número 0670-2020-SMDC-01773 y 01816, de fecha 8 de diciembre de 2020, emitida por el juez Vargas.
El juez Vargas declaró de tramitación compleja el expediente por corrupción administrativa abierto a raíz de la Operación Antipulpo que desarticuló un entramado delictivo operado por Juan Alexis Medina Sánchez, quien desde ayer cumple tres meses de prisión preventiva.
También, cumplen prisión preventiva los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes, entre otros delitos, incurrieron en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Además, fue ordenada la prisión preventiva por tres meses en contra del exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando A. Rosa Rosa, así como de Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación del Caso Pulpo.
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Un comunicado de la Procuraduría General destaca que las autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria están llevando a cabo los trámites correspondientes para proceder con el arresto domiciliario de todos los encartados contra los cuales se ordenó dicha medida de coerción.
Con relación a los privados de libertad cuya resolución ordena el cumplimiento de la medida de coerción en los centros de corrección y rehabilitación Sancristobalense y de San Pedro de Macorís, Lagombra Polanco explicó que la falta de espacios para internos de alta seguridad en esos recintos llevó a que su reclusión se hiciera en Najayo Hombres.
“Ese es un procedimiento normal que realiza el sistema penitenciario”, dijo Lagombra Polanco a periodistas que la abordaron a su salida de la cárcel preventiva que opera en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Lagombra declaró que en el sistema penitenciario cuando se va a mandar internos a un recinto, si no hay cupo y hay que cumplir la orden de prisión preventiva, entonces, son llevados a un centro de detención provisional destinado a esos fines.
Dijo que en esos casos se procede con la notificación sobre dónde va a estar ese imputado, tanto al Ministerio Público a cargo del caso, como al juez que ordenó la prisión preventiva.
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