Fuente: Noticias SIN
SANTO DOMINGO.- De acuerdo al informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el país, los inversionistas extranjeros han informado de problemas sistemáticos en la República Dominicana que incluyen solicitudes de sobornos, acusaciones de corrupción generalizada y retrasos en los pagos del gobierno.
Precisa que muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación de que la corrupción en el gobierno, incluido el poder judicial, continúe limitando las inversiones exitosas en la República Dominicana.
Puntualiza que a pesar de una situación macroeconómica estable, los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de la República Dominicana se debilitaron durante el año pasado.
Además, dice que los inversionistas extranjeros informan de numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas para competir y la falta de aplicación de las reglas existentes.
Las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada; solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del gobierno; aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos ya veces sesgados localmente, y procedimientos atípicos en la valoración en aduana y la clasificación de las importaciones.
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Agrega que un gran escándalo de corrupción pública de 2017 continúa provocando pedidos de cambio institucional y se vio reforzado por nuevas acusaciones relacionadas publicadas en junio de 2019 en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana a menudo necesitan tomar amplias medidas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, dice el informe.
El informe también detalla que la corrupción y la implementación deficiente de las leyes existentes se discuten ampliamente como reclamos clave de los inversores.
«Las débiles leyes de tenencia de la tierra y las expropiaciones gubernamentales sin la debida compensación continúan siendo un problema. El público percibe que la toma de decisiones administrativas y judiciales es inconsistente, opaca y requiere demasiado tiempo», señala.
