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Por Diego LEGRAND / AFP
Uniformados disparan en la noche, personas caen y luego los manifestantes de día braman, videos en mano, «nos están matando».
Colombia atraviesa una ola de protestas masivas contra el gobierno y excesos policiales. La ira popular exige un cambio extremo en las fuerzas de seguridad.
La brutalidad policial, denunciada también por la comunidad internacional, alimentó la crisis social que ya había agudizado la pandemia.
El descontento popular se volcó entonces hacia la policía, que se forjó en el conflicto contra las guerrillas comunistas y el narcotráfico.
«En Colombia el enemigo estuvo adentro. Y en ese sentido la idea del enemigo interno prevalece en el imaginario de los colombianos, tanto en la policía como en el ejército», señala Óscar Almario, historiador de la Universidad Nacional.
En 15 días de manifestaciones han muerto 42 personas (41 civiles y un agente), según la Defensoría del Pueblo.
El ministerio de Defensa también cuenta 1.500 heridos, entre civiles y policías. Y la ONG Temblores, que consigna abusos de la fuerza pública, denuncia al menos 40 homicidios a manos de fuerzas del orden.
La AFP evaluó unos 40 videos donde se ven actos violentos por parte de policías.
Al igual que en otras partes del mundo, la fuerza pública colombiana tiene dificultades para adaptarse a las nuevas realidades. Las protestas son muchas veces espontáneas, sin liderazgo definido, pero con un agravante: casi seis décadas de enfrentamiento interno enraizaron la idea de que los manifestantes son enemigos a combatir, concuerdan expertos.
Cientos de miles de colombianos se han movilizado enérgicamente. Lo que empezó como un rechazo a una proyectada alza de impuestos -ya archivada- se convirtió en un grito de ira popular que, entre muchos reclamos, exige una nueva policía, que ya no dependa del ministerio de Defensa.
Revancha
Desde que llegó al poder, el presidente Iván Duque ha enfrentado inéditas manifestaciones en un país donde la protesta solía ser achacada a la insurgencia armada.
En 2019, multitudes se lanzaron a las calles para exigir un cambio de rumbo al gobierno conservador, y los excesos del escuadrón antidisturbios llevaron a la Corte Suprema de Justicia a exigir reformarlo.
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Pero «esto no es solo Colombia, esto es mundial porque las manifestaciones tienen otro tenor» y «la policía también se ve un poco alcanzada, (…) por estas nuevas formas» de protesta, advierte Juan Carlos Vásquez, experto en seguridad de la Universidad del Rosario.
Sin embargo, los antidisturbios «están mejor capacitados» para manejar a manifestantes «que los policías de vigilancia, que son en gran mayoría los que han disparado sus armas contra los manifestantes», agrega.
Algunos uniformados «tienen unos niveles de degradación muy fuertes, porque disparar a quemarropa a manifestantes sin pensarlo dos veces muestra que no tienen límites», precisa Vásquez.
De momento, cinco policías han sido suspendidos por presuntos abusos, dos de ellos por el asesinato a bala de un estudiante de 19 años en Ibagué (centro).
En su defensa, el gobierno asegura que los agentes también han recibido disparos y que las protestas son infiltradas por grupos armados como disidencias de las FARC, o la guerrilla ELN. De los 849 policías lesionados, 12 lo fueron por proyectiles.
Esos uniformados que «han sido atacados responden a matar y a defenderse, pero también como revancha», lamenta Vásquez.
Enemigo interno
Durante mucho tiempo, la policía gozó de una buena imagen en el contexto colombiano.
Pero su estatuto híbrido, de organismo civil adscrito al ministerio de Defensa, la «debilita en una coyuntura donde el problema de orden público la convierte en la primera línea de acción del Estado», analiza Almario.
En Colombia muchos grupos sociales han utilizado la violencia como un mecanismo de participación política, indica por su parte Luis Felipe Vega, profesor de ciencias políticas en la Universidad Javeriana.
Eso atemoriza a los jóvenes que protestan. Aunque muchos de ellos no padecieron los años más duros de la guerra, «pueden llegar a ser víctimas de un nuevo conflicto que ya no va a ser rural, sino va a ser urbano», porque «perdieron el miedo a la policía», ayudados por la tecnología que permite grabar abusos y difundirlos en redes sociales, complementa.
En tanto, el gobierno aún enfrenta poderosos grupos armados financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Entonces los uniformados ven «detrás de cualquier manifestación (…) un enemigo potencial que desafía las instituciones y que quiere atentar contra el Estado social de derecho del país, y obviamente ese es el peor escenario», agrega Almario.
Para Vega, el gobierno no recoge el pedido de desmilitarizar la policía porque teme «perder capacidad para enfrentar los enemigos, que en términos de seguridad y defensa se llama la amenaza persistente».
© Agence France-Presse / Color Visión
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