NUEVA YORK.- La primera audiencia del juicio de la empresa Petersen Energía contra el Gobierno argentino y la petrolera YPF por la nacionalización de YPS en 2012 arrancó hoy en Nueva York.
La demanda, interpuesta en 2015 por Petersen Energía Inversora, está ahora comandada por el fondo de inversión especializado en litigios internacionales Burford Capital, que exige compensaciones multimillonarias por el supuesto perjuicio causado por dicha nacionalización.
Argentina sostiene, por un lado, que el tribunal sur de Manhattan, donde ha arrancado el proceso, no tiene jurisdicción para juzgar este proceso y que, además, las acciones que la empresa Petersen poseía en el momento de la nacionalización eran de “legalidad nula”, debido a que se habrían comprado de manera fraudulenta.
“Los demandantes no pueden demandar a Argentina ante este tribunal porque, de conformidad con la legislación argentina, las disputas que surjan de los estatutos de una empresa argentina deben ser llevadas a la jurisdicción donde la empresa mantiene su domicilio fiscal, que en este caso es la ciudad de Buenos Aires”, defendieron los abogados del Gobierno, en un escrito presentado ante la jueza Loretta Preska.
La defensa también sostiene que los demandantes no poseían acciones de YPF cuando se produjo la expropiación de las acciones realizada a la empresa Repsol, que poseía el 51 % de las compañía.
Según su argumento, aunque la nacionalización de YPF comenzó en 2012, Respol siguió siendo dueño de los valores hasta que se alcanzó un acuerdo dos años más tarde, el 8 de mayo de 2014.
Otra de las razones argumentadas por el Gobierno argentino es que los demandantes adquirieron en su momento las acciones de YPF de manera fraudulenta, a través de “soborno, corrupción y/o fraude, lo que hace que el acuerdo se nulo desde el primer momento y sus adquisiciones de acciones de YPF sean nulas”.
El pasado 24 de junio, el Tribunal Supremo de EE.UU. anunció que permitiría que continuara su curso demanda que el grupo Petersen había interpuesto a Argentina, después de que argentina solicitara una mediación.
