Por: Patricia Chirinos / Color Visión
Las polémicas revelaciones del Mayor del Ejército, Rubén Alejandro Girón, cambiaron el curso de la Operación Coral, en la que fueron imputados el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Cáceres, el Coronel Rafael Nuñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y otros cuatro funcionarios.
Este jueves, Girón asumió su responsabilidad en el caso Coral y habló en contra de Nuñez de Aza, alegando que el coronel inició las cancelaciones de personal del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y no los reponía, sino que transfería esas nóminas a Erickson Brenz Rosario.
Resaltó que Nuñez de Aza, el considerado «cerebro financiero» de los supuestos movimientos millonarios de Adán Cáceres, le dijo que realizará dichas transferencias, debido a un «cambio en la dinámica» en la nómina de trabajo de Cestur.
El Ministerio Público allanó la propiedad de Girón a principios de la Operación Coral en Abril y decomisaron, entre sus pertenencias, un teléfono en el que el Mayor asegura hay conversaciones que Nuñez de Aza le exigió que borrara tras el cambio de Gobierno.
“No borré los Whatsapp”, expresó Girón a modo de sugerencia a la magistrada Kenya Romero y los fiscales de la Pepca para que revisen el móvil.
En dos horas, Girón expuso el supuesto entramado de corrupción liderado por Cáceres y dejó claro que la pastora Rossy Guzmán recibió transferencias hechas por él. Además, precisó que luego de cada interrogatorio se reunían en horas de la noche para conocer las acciones del MP.
“Yo le hacía muchas transferencias a ella. Muchos cheques por 150 mil pesos por concepto de «culto en el Cusep», indicó Girón, al tiempo que acotó «cada vez que la señora Rossy salía de un interrogatorio se hacía una reunión obligada para conocer que el Ministerio Público quería saber”.
Ahora, el Ministerio Público afirma que tiene evidencias sustentables de las declaraciones de Girón. Pero, ¿qué viene después? Veamos.
Polémicas cifras de la corrupción en Cestur y Cusep
El Mayor no solo destapó la olla en la que desde hace meses viene cocinando el Ministerio Público a los imputados, sino que además le puso el ingrediente secreto: las cifras.
Dijo que antes del 2017 se cobraba por «carita» o «enllavadura», aunque el sueldo era a discreción del director.
“El sueldo antes del 2017 por concepto de especialísimo era a discreción del señor director. ¿Qué significa eso?, que yo podía cobrar 250 mil pesos, 100 mil pesos, 50 mil pesos porque era por carita”, explicó el Mayor.
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Agregó , en ese sentido, que “si usted quería un especialísimo de 50 mil, el monto era discrecional, de lo que usted quería usted pagaba tres meses de adelanto y le decían una especie de engaños que le estaban quitando tres meses de su pensión, cuando en realidad no era así”.
Después, dentro del sistema de desfalco unos compraban su pensión y otros riqueza inmediata tanto en Cestur como en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Según el testimonio de Girón, él tenía un salario de 70 mil pesos y adicionalmente se le depositaban 180 mil más que devolvía a Núñez de Aza, con la promesa de pensionarse con 300 0 350 mil pesos.
Recalcó que cada vez que cambiaban al director del Cestur a Nuñez de Aza «lo esperaban con unos milloncitos en las manos», y aseguró que la supuesta la red de corrupción realizaba transacciones en una de las sucursales del Banco de Reservas para no levantar sospechas.
Girón hizo especial énfasis en que este tipo de acciones continúan viéndose en las instituciones castrenses e instó a hacer una revisión exhaustiva de las nóminas para constatar las pensiones elevadas de los policías.
“Magistrada, ponga 300 gentes mensuales a 150 mil pesos a ver cuánto le da. Ahora es que comienza a cuadrar los números del Ministerio Público”, señaló Girón en referencia a los altos montos presentados por los fiscales en la audiencia.
«En una ocasión tuvimos un problema mayúsculo porque empezamos depositándole 50 mil pesos, después 200 mil pesos (…) llegamos al Banco de Reservas de la Isabel la Católica donde a él lo pusieron a cobrar unos 700 u 800 mil pesos, no quiera usted saber lo que significa que usted se apareciera para el periodo de los años 2005-2008 al Banco de Reservas diciendo que usted ganaba 700 mil pesos”.
Narró, Girón.
Ahora le toca actuar a la justicia
Los fiscales encargados del caso, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, aseguraron tener evidencias contundentes de las confesiones hechas por Girón durante la audiencia de conocimiento de la medida de coerción del caso Coral.
Ambos han sido firmes en su interpretación del expediente acusatorio, razón por la que piden un año de prisión preventiva para los imputados. No obstante, la decisión sobre la medida de coerción quedó para el próximo lunes.
¿Esto dará el tiempo necesario para corroborar la evidencia, iniciando por detallar las conversaciones de WhatsApp y los datos reveladores archivados en una computadora, a los tiene acceso el MP, según Girón?
Recordemos que Girón fue claro al referir que las cifras estipuladas en el expediente confirman sus declaraciones, pero serán las pruebas de la revisión a fondo, lo que determine si procede la solicitud del PM contra los 6 acusados.
Por otra parte, no se puede olvidar que en medio del alarde generado por las acusaciones de Girón surgió el testimonio del sargento de la Armada, Alejandro José Montero, quien busca zafarse de la imputación asegurando que no ha tenido trato con ninguno de los acusados.
Sin embargo, el nombre de Montero aparece 42 veces en el expediente de la Pepca y él fue detenido en un apartamento lujoso a nombre de Adán Cáceres.
Además, Girón lo nombró durante su intervención ante la jueza, pues en la acusación figura que le fue decomisado «un bultico, color camuflaje de militar, con dos rayas color rojo vino en la parte superior, el cual contenía en su interior: la suma de Seiscientos Sesenta y Dos Mil Treinta Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$662,030.00)«.
Cabe destacar que, Girón relacionó a todos los funcionarios corruptos de Cestur y Cusep con Nuñez de Aza, quien aseguró obtuvo su fortuna de manera honorable y afirmó no conocer de los supuestos «entramados» dentro de las instituciones.
Ante este cambio de panorama, se espera la actuación oportuna de la justicia para determinar la veracidad de los vínculos entre funcionarios y dictar una o varias sentencias, según lo que revelen las pruebas.
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